Se puede encontrar numerosos antecedentes regionales para la crisis financiera enfrentada por Uruguay a partir de 2002: desde la gran devaluación de la moneda en Brasil en enero de 1999, hasta la corrida bancaria de Argentina en 2001 y el posterior «corralito». También existieron causas locales claramente atribuibles a la desregulación bancaria reinante en el país. Esta debilidad bancocentralista facilitó la acción de dos familias de delincuentes de cuello blanco, los hermanos Peirano y los hermanos  Röhm. Fueron ellos los responsables directos de la caída del Banco Montevideo y del Banco Comercial.

En esta nota —primera de una serie de Portal AEBU sobre esta crisis y el papel protagónico que frente a ella jugó AEBU— trataremos de ofrecer un encuadre muy general de los hechos para luego, paulatinamente, profundizarlos en sucesivas entregas.

En enero de 2002 se conoció la gran estafa de los hermanos Carlos y José Röhm causante del derrumbe del Banco Comercial. A su vez, este se llevó consigo la calificación de grado inversor que el país poseía desde 1977. En los meses siguientes, con un telón de fondo de caída de la actividad económica, del empleo y los salarios, los bancos de Crédito y Montevideo comenzaron a dar cada vez mayores indicios de su debilidad, hasta entonces maquillada.

Si se toma como referencia al gremio bancario, puede decirse como dato significativo de la situación del país que, al 1 de julio de 2002 y en solo seis meses, los trabajadores bancarios habían perdido un 40 % del poder adquisitivo de sus salarios por efecto de la devaluación de la moneda.

En la visión de AEBU el sistema financiero es —y era entonces— una cuestión de Estado y así la había desarrollado por extenso en un trabajo titulado «El sistema financiero, un asunto de Estado», publicado en 1999. Desde mucho antes el sindicato tenía opinión formada sobre estos temas, a la vez que reclamaba la constitución de un ámbito para su discusión. Solo esperaba la designación de interlocutores. El tiempo transcurrido terminó dándole la razón, cuando asesores del BID contratados por el Gobierno para estudiar el sistema financiero recomendaron la apertura de ese espacio de diálogo.

La crisis se veía venir desde lejos. Tanto es así que ya en febrero de 2002, previendo los acontecimientos, AEBU había reclamado al Gobierno del presidente Jorge Batlle la contratación de un seguro de depósitos total, cuya oportuna vigencia habría cortado seguramente la sangría de retiros padecida por el sistema financiero. (Cabe anotar que el seguro de depósitos era un recurso de uso habitual en numerosos países y no una invención de AEBU). Esta propuesta fue resistida por el equipo económico encabezado por el ministro de Economía Alberto Bensión, como tantas otras que el sindicato fue formulando, ya con la situación más avanzada.

A consecuencia de una honda crisis económica en Argentina los depositantes en bancos de ese país iniciaron una corrida que obligó a su Gobierno a decretar la suspensión de los retiros bancarios, el denominado «corralito». Muchos argentinos tenían ahorros en Uruguay, al que consideraban una plaza segura y, ante la situación planteada, cruzaron el río; en especial lo hicieron los del Banco de Galicia y Buenos Aires, que era por lejos el que más depósitos de ese origen acumulaba en Uruguay.

La avalancha de retiros de argentinos conmocionó a nuestro sistema financiero y contagió de incertidumbre a los depositantes uruguayos. Los diarios locales comenzaron a informar día a día sobre la entidad de la corrida. Y el Gobierno intentó asistir a los bancos para cubrir sus arcas cada vez más vacías hasta que, tras una mirada a sus reservas, no tuvo otro remedio que decretar un feriado bancario.

Los acontecimientos políticos se precipitaron, subió rápidamente el dólar y la situación creada condujo a la renuncia del ministro de Economía Alberto Bensión. Con la coalición bipartidaria disuelta, el Gobierno cayó en una crisis política que intentó resolverse con la asunción del doctor Alejandro Atchugarry como ministro de Economía y de Julio de Brun en el cargo de presidente del Banco Central.

AEBU había fracasado anteriormente en sus contactos con Alberto Bensión.  A él le había reclamado que definiera el sistema financiero al que aspiraba, porque el existente era el «Uruguay plaza financiera» diseñado por el anterior Gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera y mantenido luego por Julio María Sanguinetti en su segunda presidencia. Sin saber hacia dónde apuntaba el sistema y cuáles eran los objetivos oficiales en la materia resultaba imposible discutir las perspectivas para su reestructura. Este diálogo nunca se dio en profundidad; ni Bensión ni su equipo económico explicaron sus propósitos. Con la asunción de Atchugarry se abrió una puerta al entendimiento y a las salidas que posteriormente se encontraron. Todo ello en un marco de movilización y negociación con el Gobierno y de intenso diálogo con los ahorristas.

Esos aspectos de la crisis de 2002 serán desarrollados en la segunda nota de esta serie.