Del 5,8 de ajuste salarial recibido por los bancarios oficiales en enero, a principios de marzo solamente les resta un 2,52 para el resto del año. La irreal meta de 5,8 % de inflación anunciada por el Gobierno no se ha cumplido: en enero de 2022 el índice de Precios al Consumo (IPC) subió 1,78 % y en febrero lo hizo 1,47 % y de esta forma se ha totalizado un aumento de precios de 3,18 %. Todavía debe recordarse que el 5.8 % de ajuste aplicado en enero no absorbió completamente la inflación del año pasado del 7.96 % y produjo una pérdida del poder de compra del orden de casi un 3 %.

Si incluimos este 3 % en la cuenta de lo perdido, hoy los bancarios oficiales están, en términos reales, por debajo de lo que ganaban en enero de 2021 y con todo un año por delante para ver reducidos gradualmente sus salarios. Un ejemplo que aproximadamente puede trasladarse al resto de los trabajadores públicos y también a los privados. Recientes declaraciones del economista Bruno Giometti, del Instituto Cuesta Duarte confirman este último aspecto: «En 33 mesas de negociación tripartita, el Poder Ejecutivo votó junto con los empresarios en 29».

Algo similar pasa con los jubilados. Así lo denunció en forma enérgica el director del Banco de Previsión Social (BPS), Sixto Amaro. Este señaló que «la inflación va erosionando, a medida que avanza el año, el poder de compra de los sueldos y las jubilaciones. En enero del 2022 el aumento general de pasividades fue de 6,16 %, mientras que la inflación del año pasado alcanzó el 7.96 %».

«Pero si miramos únicamente lo ocurrido este año, la inflación acumulada solo en los dos primeros meses del año (3,18 %) evaporó más de la mitad del aumento otorgado en enero (6,16 %)», criticó el director del BPS. De manera que para enfrentar lo que les queda de 2022 les resta apenas un 2,98 %. Y si incluimos en el cálculo el 1,8 % perdido en 2021, apenas sobrevive un «superavit» de 1,18 % para afrontar otros 10 meses del año. La situación es aún más delicada si tenemos en cuenta a quienes cobran la pasividad mínima, pasivos que prácticamente ya han visto desvanecerse el ajuste recibido en enero.

Vistos estos números, es grande la incertidumbre sobre el alcance futuro de la inflación. A ello se agregan los factores exógenos derivados de la guerra de Ucrania, cuyos efectos seguramente tenderán a profundizar aún más la desigualdad social que ha estimulado con su política económica el Gobierno. El primer sacudón en esta dirección lo dio ayer el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, con su anuncio de la suba de un 20 % en la harina e inevitablemente sobrevendrán nuevos impactos de este estilo.

Hoy, durante el acto de colocación de la piedra fundamental de un futuro aeropuerto internacional en Carmelo, el presidente Lacalle Pou adelantó que también la carne podría aumentar su precio. En este contexto reiteró su política de reparto de costos entre los «malla oro» y los ciudadanos comunes: «Estamos buscando mecanismos para sin perjudicar al sector productivo que está haciendo un esfuerzo que genera puestos de trabajo, la gran mayoría en el interior, estamos buscando la manera para que el consumidor final no vea alterados fuertemente los precios de la canasta básica». En otras palabras, todo bien para los malla oro y otro sacrificio para los consumidores.