A lo largo de su diálogo con el periodista Javier Pérez Seveso enumeró los distintos pasos de la lucha sindical a partir de 2005, los reclamos de elevación de los salarios sumergidos y los resultados obtenidos, tanto en materia salarial como de derechos. Derechos que hoy se ven amenazados por el anteproyecto de ley de urgente consideración

Estas conquistas de 15 años de lucha «tenemos que defenderlas, porque si peleamos para obtenerlas después hay que luchar para mantenerlas». Y como primeros frutos de esta lucha ya se han dado algunos avances que han permitido dejar de lado algunas medidas agresivas con que se pretendía inicialmente someter a los trabajadores. Pereira recordó: «Ellos [el futuro gobierno] planteaban tener consejos de salarios regionales que laudaran de acuerdo al lugar donde vive cada ciudadano. Nosotros leímos algunos datos: por ejemplo el ingreso medio de los hogares anda en 64 000 pesos, pero si discriminás entre Montevideo e interior el ingreso promedio en Montevideo es 72 000 y en el interior es de 52 000. ¿Es posible seguir agrandando esa brecha? Desde mi punto de vista no». Esta primera arremetida baguala quedó por el camino.

Nuestro dirigente se refirió a una segunda idea nefasta también desestimada: «Por ejemplo se planteaban diferentes criterios de negociación por el tamaño de las empresas. ¿Es posible decir que una mediana empresa tiene baja rentabilidad y una gran empresa tiene alta rentabilidad? No es posible. En todo caso, para esas situaciones existen los mecanismos del descuelgue. En la reunión que se tuvo con Lacalle esos temas quedaron bastante dilucidados. Me refiero a la negociación colectiva en el sector privado. Y este es un dato importante». 

A medida que se profundizó la lectura del anteproyecto de ley 'ómnibus' quedó claro «un conjunto de perlas y algunas de ellas difíciles de entender desde la visión de los luchadores sociales», que significan colocar «en riesgo a empresas como ANCAP y ANTEL». 

Nunca jamás en la historia del Uruguay ha sucedido que cambios de la magnitud que se están planteando en la educación se traten en un proyecto de 90 días en el Parlamento».

A estos ataques a las empresas del Estado sumó el que amenaza a la educación pública: «No parece razonable que se cambie una ley de educación en una ley de urgente consideración. Nunca jamás en la historia del Uruguay ha sucedido que cambios de la magnitud que se están planteando en la educación se traten en un proyecto de 90 días en el Parlamento».

La estrategia del PIT-CNT se dirige ahora a «intentar modificar esos aspectos más negativos: los que tienen que ver con las empresas públicas, con la educación, con el derecho de huelga, con algunos aspectos vinculados a la seguridad y generar condiciones para que las contradicciones que, estamos seguros, hay dentro de la coalición se expresen. También generar nuestras propias fortalezas para enfrentar con argumentos cambios que nosotros consideramos van a afectar la calidad de vida de nuestros compatriotas y, sobre todo, la de los sectores más débiles de la sociedad». 

Pereira se refirió luego al artículo 349 del anteproyecto y lo calificó de inconstitucional, porque «va contra los derechos y las libertades democráticas de los trabajadores organizados y ataca a la organización». Recogió luego declaraciones del futuro secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y del próximo ministro de Trabajo Pablo Mieres en las que ambos expresaron que está referido a la ocupación y no a la huelga como dice su texto. «Pues si está referido a la ocupación, que se refiera a la ocupación. En todo caso, no me gustará, estaré igual en contra, pero va en consonancia con lo que la OIT indica en sus resoluciones. Vincularlo con la huelga es violatorio de todos los derechos conquistados por todos los trabajadores uruguayos». [N. del E.: Tras esta entrevista de Radio Camacuá, ese aspecto fue dilucidado ayer favorablemente en una reunión mantenida por el PIT-CNT con el ministro y el subsecretario de Trabajo].

Pensar que todas las protestas masivas en Uruguay van a ser reprimidas si no están autorizadas debidamente es pensar en una peligrosidad abusiva de los mecanismos de represión para contener la protesta social.

Otro aspecto en el que hizo hincapié el presidente del PIT-CNT fue en la defensa de la libertad para la movilización y la protesta. «En nuestro país no solo el PIT-CNT se moviliza, se movilizó Un Solo Uruguay y cortó el Palacio Legislativo. Pensar que todas las protestas masivas en Uruguay van a ser reprimidas si no están autorizadas debidamente […] es pensar en una peligrosidad abusiva de los mecanismos de represión para contener la protesta social. Criminalizar la protesta social, condenar la protesta social, nunca ha sido una buena idea. En ninguna parte de América Latina esta ha resultado favorable a los intereses de la gente que es finalmente por lo que nos tenemos que ocupar».

Manejo de los tiempos

Quienes primero fueron cuidadosos de los tiempos y eligieron presentar y tratar su catarata de reformas en tiempo comprimido [mediante una ley de urgencia] fueron los integrantes del futuro gobierno. Ahora corresponde al movimiento sindical elegir los suyos sin impaciencias y sin quemar cartuchos. Así lo desarrolló Pereira: «Primero debemos discriminar bien las etapas. Nosotros ahora estamos ante un anteproyecto de ley al que le vamos a hacer una serie de cuestionamientos y vamos a conformar una comisión que lo analice a fondo. Para esto el PIT-CNT tiene algunas ventajas comparativas: tiene un equipo muy fuerte en el Cuesta Duarte, un equipo de juristas que puede interrelacionarse con los juristas de los sindicatos, sindicatos en cada rama de la actividad que puede llegar a ser afectada por esta ley. De modo que tenemos una masa crítica importante para llegar a conclusiones e, inclusive, para [proponer] las modificaciones que creemos que son urgentes. Si esto no pasara y se transformara en un proyecto de ley, entonces habrá que hablar con todos los partidos políticos, con todas las bancadas partidarias, con todas las bancadas sectoriales, con los diputados departamentales para lograr que esto no sea aprobado. Y si esto no se lograra se abren varios abanicos de posibilidades, todos en tiempos distintos». Estos serían posibles recursos de inconstitucionalidad y hacer un referéndum que finalmente es la consulta popular: «Si han un proyecto que consideramos que es antipopular que lo resuelva la gente. Para eso hay que construir la musculatura suficiente que nos permita enfrentar un proyecto que viene de un gobierno que tiene la legitimidad de haber sido electo, pero tampoco olvidar nuestra legitimidad que es la de defender los intereses de los trabajadores, independientemente del gobierno que esté».

Todas estas futuras acciones requieren de un estudio previo y a ello está abocada una comisión especialmente designada por la organización sindical. «El 20 de febrero la comisión presentará su informe a la Mesa Representativa. Ella tiene que valorar las acciones a emprender porque no somos una organización de estudio. Si estudiamos y si consultamos a la academia, a la gente de la cultura, a los cooperativistas, a los estudiantes, a las organizaciones del feminismo y de los derechos humanos es porque creemos que allí está parte de un amplio abanico social y porque estamos convencidos de que la organización es para la acción, es para la transformar. Y transformar supone encontrar caminos que permitan —entre otras cosas— mejorar proyectos de ley que, sin duda, son regresivos y de tinte claramente conservador, concluyó.  

Escuchar la entrevista en Radio Camacuá