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Cuidado con el «derecho a la no huelga»

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Cuidado con el «derecho a la no huelga»

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Tras una primera lectura del anteproyecto de ley de urgente consideración, que se extendió durante 16 horas, Fernando Pereira enfrentó las cámaras de Teledoce para dar sus primeras impresiones.

El presidente del PIT-CNT fue entrevistado por casi 20 minutos en el programa Tarde o Temprano el viernes 24 de enero por las periodistas Cecilia Olivera, Camila Cibilis y Paula Echevarría. 

Apenas ingresados en una discusión pública iniciada el miércoles 22, cuando comenzó la difusión del anteproyecto, ya comienza a percibirse la magnitud y el alcance de los cambios propuestos por el futuro presidente Luis Lacalle Pou. Fernando Pereira aprovechó su salida televisiva para entregar las principales objeciones que, primariamente, puede realizar el movimiento sindical a la norma propuesta. A la vez, relativizó la situación planteada al señalar que esta iniciativa todavía debe transitar por la discusión de los partidos coaligados y salvar también un futuro trance parlamentario, escalas en las que inevitablemente sufrirá cambios. 

Sobre estos aspectos manifestó no creer que todos dentro del grupo «multicolor», coincidan en las variadas propuestas contenidas en 470 artículos. También objetó el carácter «ómnibus» de la norma, la amplitud de su contenido y los exiguos tiempos decididos para su sanción. 

Como en otras entrevistas, la primera pregunta se orientó hacia una previsible dirección: el derecho de huelga, la OIT y las ocupaciones. «En Uruguay, cuando alguien quiere ir a trabajar cuando hay una huelga, va. Cuando hay ocupación no va». Esta fue su apreciación general sobre el punto, para luego poner una enorme señal de alerta: «Pero no está planteado en el proyecto de ley que 'cuando haya ocupación deberán'…No, se está hablando de todas las huelgas. Lean bien ese proyecto, tiene 470 artículos». Acto seguido vino la explicación: «El anteproyecto de ley dice que se deberá garantizar el derecho de los trabajadores a trabajar en las huelgas, en todas las huelgas. Entonces, cuando entran todas las modalidades [de lucha sindical] se violentan las decisiones de la OIT».

En este tema, donde frecuentemente se corren los ejes de la discusión, Pereira fue claro. «No existe en la Constitución el derecho a la no huelga, existe el derecho de huelga [y] el no huelguista va a trabajar». Ante la insistencia periodística sobre posibles impedimentos a ejercer el derecho al trabajo, manejó un ejemplo: «Cuando hay un paro de ómnibus y una persona no puede ir a trabajar, tiene bloqueado un derecho, porque la huelga bloquea derechos. No porque lo quiera, [sino] porque intenta modificar la realidad». 

La pregunta reiterada sobre las ocupaciones volvió a tener una misma y simple respuesta de parte del presidente del PIT-CNT: «Hubo 12 ocupaciones en 100 mil empresas. ¿Por qué este tema no está en el lugar número un millón entre las preocupaciones de Lacalle? Solo por razones ideológicas. De esas 12 empresas, cuando empezás a ver los motivos, [ves] despidos, persecución sindical, no pago de salarios. ¿Qué le decimos a Caputto, que no le pagó a los trabajadores durante toda la zafra del citrus? En vez de juzgar a los ocupantes, ¿no deberíamos juzgar a quienes no pagaron el salario? Cuando se juzga la huelga independientemente de las cosas que la provocan es vaciar de contenido la discusión», sentenció. 

Ya encarrilado en el derecho de huelga argumentó: «La huelga no empezó con una ley, empezó porque hubo huelguistas; la ley consagró un derecho que la gente logró movilizándose. Imagínense si los huelguistas de Chicago hubieran esperado para trabajar ocho horas a que hubiera una ley que lo permitiera. Laburarían 16 horas como se hacía en el siglo XIX».

Otro ángulo de análisis fue el de los respaldos a la propia constitucionalidad de un anteproyecto «cuestionado por los catedráticos uruguayos del Instituto de Ciencia Política, no tanto por ser una ley de urgente consideración, sino por el hecho de ser "una ley ómnibus". Un paquete voluminoso que «contiene aspectos de educación, aspectos de seguridad, aspectos de cambio normativo, aspectos que afectan lo laboral… Son, agrupando los contenidos, seis o siete normas que deben aprobarse dentro de 90 días sin que pasen por las comisiones específicas del Parlamento y se analicen en forma pormenorizada». Este último punto «es cuestionable porque le quita calidad democrática al debate», dijo.

Pereira también tuvo una contundente respuesta ante una actitud 'antimonopólica' de las periodistas, que entendían que en el caso de Antel (usado como un ejemplo válido eventualmente para una desmonopolización de los servicios de Ancap), la telefónica se había adaptado a la competencia con privados y continuaba siendo la principal operadora del sector telefónico celular. Sobre este punto contestó que el principal ingreso de Antel proviene de la banda ancha, área en la que continúa siendo monopólica y no de los teléfonos. Gracias ello, las escuelas públicas tienen Internet y también las plazas públicas, así como las escuelas rurales tienen energía eléctrica gracias a UTE: «¿Vos decís que una empresa eléctrica privada te va a conectar a una escuela rural en el medio del campo?  Si me comprobás que en alguna parte del mundo eso lo hizo una empresa privada, te lo puedo creer; si no, no.

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