En torno a este concepto Fernando Gambera —secretario general de AEBU, secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT y también secretario general de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS)—  defendió en Radio Camacuá a esta ley socialmente integradora y piedra angular de la transparencia en las transacciones económicas. (La entrevista completa puede verse en YouTube: https://youtu.be/UITFcJHeGQI ) 

«Gran parte del contenido de la Ley de Inclusión Financiera no es la ocurrencia de una mente iluminada, sino que viene de elaboraciones técnicas y políticas realizadas por AEBU desde la década del 90 en documentos como el que dio en llamarse «El sistema financiero, un asunto de Estado». Por otra parte, lo que no viene desde hace unos días, sino que es una vieja costumbre de los trabajadores, es la de cobrar por medios electrónicos. Estamos hablando de no menos de dos décadas en las que, progresivamente, la casi totalidad de las ramas de actividad fueron asumiendo este medio como práctico, idóneo y cómodo, tanto las empresas para pagar sus sueldos como para los trabajadores cobrarlo.

»Después, en los últimos tiempos, el BPS dio la opción a los jubilados para que quien no quisiera cobrar por medios electrónicos dijera que quería hacerlo en efectivo, y la opción por la tarjeta pasó largamente el 90 %. Entre otras cosas porque los medios electrónicos tienen la posibilidad de que el titular de una cuenta nómina tenga asociada una tarjeta de débito, porque siempre resulta más seguro manejarse con ella en la cotidiana que andar con mucho efectivo encima. Esto ha tenido, desde que se ha promovido la educación financiera, un descuento en el IVA que, al final de todas nuestras compras del mes, termina siendo una suma interesante».

Lo que el patrón diga 

«Cuando se habla contra la inclusión financiera creo que se lo hace por demagogia o porque se está cediendo a lobbies de presión. Cuando se pretende sacar la obligatoriedad del pago de sueldos a través de medios electrónicos se presenta que esto sería un avance en términos de libertad, y en la práctica va a tener el efecto contrario. Porque esa obligatoriedad funciona hoy como una garantía de que la parte más débil en las relaciones laborales y de negocios —que somos los trabajadores y el ciudadano común— funciona como garantía de que podamos ejercer esa libertad. Si se quita esa obligatoriedad, la parte más fuerte en la relación laboral —que es siempre el empleador— será quien tome las decisiones (si me paga en un sobre, en una cuenta nómina, me paga una parte en negro y una parte en blanco) y suceden esas cosas que todos sabemos que pasan en el mercado laboral. Este discurso basado en la libertad se vuelve ilusorio, porque va a terminar haciéndose lo que el patrón diga. Entonces vamos a depender de él, porque va a elegir pagar en el banco que él quiera. Él va a llegar a un acuerdo comercial con ese banco y yo voy a perder la libertad que tengo hoy, dentro de la obligatoriedad: la libertad de elegir en qué banco tengo yo mi cuenta nómina». 

Consecuencias previsibles

«Quitar esa obligatoriedad favorece a otra parte fuerte de la cadena que es el banco. Porque hoy la ley lo obliga a que, si yo voy a su mostrador, me tiene que recibir y abrirme la cuenta nómina sin costo. Si se elimina la obligatoriedad el banco me recibirá si quiere y si no no. Y me dirá: 'Si usted insiste en tener una cuenta en este banco se la vamos a cobrar'. Con todo esto, yo, como trabajador —a la hora de saber si voy a tener la posibilidad de gozar de los beneficios de una tarjeta de débito, si me voy a poder beneficiar con el descuento del IVA o no— quedo a merced de quienes tienen más poder para decidir, que son los patrones y bancos. 

Esto es sobre lo que estamos queriendo echar luz. No es verdad que eliminando la obligatoriedad todos ganamos en libertad. Si se elimina la obligatoriedad en realidad los que ganan en libertad son los que tienen mayor poder de decisión: los patrones y los bancos». 

Preguntado por los efectos que pueden derivarse de la falta de control de los movimientos de dinero de las empresas al dejar de existir la transparencia que permiten los medios electrónicos de pago (como el pago en negro a los trabajadores o la falta de aportes a la salud), Gambera sostuvo: «En los organismos solidarios como el Sistema Nacional Integrado de Salud y el sistema previsional, que dependen de fondos a los que todos tenemos que aportar en función de nuestros ingresos, naturalmente que si hay mejores mecanismos de control que eviten la evasión, y si existen controles cruzados que permiten reducir la informalidad, eso va a favor del funcionamiento de los sistemas solidarios». 

Dudas y más dudas 

«Además, nos preocupa lo que se dice y más lo que no se dice. Porque estamos hablando de un punto de lo que sería una ley de 300 artículos. No sabemos cuántas cosas más diría. Lo que tampoco sabemos es el alcance de la obligatoriedad que se pretende eliminar. Si se elimina además la obligatoriedad de registrar electrónicamente las transacciones superiores a 5000 dólares, ahí sí vamos a tener graves problemas de control para evitar la evasión en negocios grandes. […]  

»En realidad, la inmensa mayoría de nosotros seguiremos cobrando por medios electrónicos como lo hacemos, salvo que al patrón se le ocurra decir que no. Lo que sí cambia es que vamos a dejar de tener la libertad —como trabajadores y parte débil— de presentarnos y que un banco esté obligado a atendernos.  

La inclusión financiera también se pensó —si no no es inclusión— para que llegue a franjas socioeconómicas a las que, de otra manera, no habría abarcado el sistema financiero. Estoy hablando, por ejemplo, de la tarjeta del Mides. Lo que también permite ese medio electrónico es controlar que lo que la sociedad y el Estado brindan llegue a quienes tenga que llegar y no haya desviaciones».