El pasado jueves 3 de octubre, en una entrevista publicada en el semanario Búsqueda, un representante de AUDEA —la cámara que agrupa a las aseguradoras privadas— reclamó que se desregule totalmente el sector de los seguros y se libere el único que aún permanece en régimen de monopolio: la cartera de los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

En un comunicado emitido en horas de la tarde de ayer el consejo del sector oficial expresó que «la cartera de accidentes de trabajo está regulada por la Ley 16.074, en la que se establece que se trata de una responsabilidad civil donde el patrón es el asegurado, y por lo tanto debe ser enteramente financiada por las empresas. La ley no permite lucrar con en esta cartera y en el caso que existan ganancias, estas se deben invertir en seguridad laboral; un reciente y claro ejemplo es la inversión realizada por el BSE en la construcción del nuevo hospital que insumió 40 millones de dólares. Asimismo, los excedentes obtenidos por esta cartera han permitido rebajar las primas que los empresarios pagan». 

Ya en 2001, ante una tentativa similar ejecutada bajo el gobierno de Jorge Batlle, los trabajadores del Banco de Seguros ocuparon su sanatorio por resolución de su asamblea general citada con carácter grave y urgente. Con esta medida se logró disuadir el gobierno de su iniciativa desmonopolizadora. El documento redactado ayer recuerda que el monopolio estatal de este seguro viene «desde la fundación del BSE y tiene 108 años. Lo que esta gente omite es que no se puede lucrar con la salud de los trabajadores». Más adelante el consejo oficial se pregunta: «¿Las compañías privadas están dispuestas a dar una atención médica de calidad, la rehabilitación de calidad como lo hace hoy el BSE? ¿Pondrían a disposición los mejores especialistas médicos y todos los equipos de apoyo que trabajan en el Hospital del BSE hoy?»