Celebración del 25 de agosto en contexto adverso

Tiempo de lectura
2 minutos
Leido hasta ahora

Celebración del 25 de agosto en contexto adverso

Publicado en:

Paradójicamente, mañana se conmemora la declaratoria de nuestra independencia cuando el país acaba de sufrir su mayor entrega de soberanía.

EDITORIAL

Este año resultará doloroso presenciar la celebración de nuestra independencia frente a la Piedra Alta, el lugar donde el Congreso de la Florida promulgó las leyes fundamentales del 25 de agosto de 1825 que declararon la independencia de la Provincia Oriental del Imperio de Brasil y la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Mañana escucharemos hablar de soberanía justamente a quienes transfirieron el control del puerto de Montevideo por 60 años —a cambio de nada— a la empresa Katoen Natie (en adelante KN).

Desde marzo pasado hasta la actualidad el Gobierno del Partido Nacional ha pretendido, con débiles argumentos, justificar la inevitabilidad de ceder ante las más mínimas pretensiones de la operadora belga. Ni siquiera los partidos integrantes de la coalición encabezada por Luis Lacalle Pou se han privado de criticar (eso sí con prudencia), algunos aspectos especialmente ruinosos para nuestro país. Estas críticas, más que estar destinadas a revertir lo actuado por Lacalle y su ministro Heber, simplemente se han orientado a marcar perfiles políticos. Tras lamentar no haber sido informados de las tratativas, tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto se han dedicado a tratar de controlar los daños a través de una medida legislativa que —empero— no puede subsanar los vicios de inconstitucionalidad del acuerdo firmado entre KN y el Poder Ejecutivo.

La posición de los partidos aliados al Herrerismo quedó bien sintetizada el lunes 23, en palabras vertidas por el diputado colorado Ope Pasquet durante el programa Fácil Desviarse de Emisora Del Sol: «Hemos decidido apoyar el acuerdo que hizo el Gobierno porque formamos parte de la coalición. No entro a considerar si tal cosa está bien, si tal cosa está mal».

Queda claro que, a pesar de discrepar con la extensión del acuerdo firmado, con el carácter monopólico concedido a KN, con la total ausencia de fundamentación jurídica y económica y con la entrega gratuita de predios estatales, los partidos aliados tragan saliva y apoyan. Pero ¿qué apoyan? Una renegociación con KN para modificar algunas cláusulas del acuerdo. Ante el anuncio de esta intención, fuentes de gobierno que no se identifican se apresuraron a adelantar que KN estaría dispuesta a dialogar en este sentido, especialmente en la revisión de la cláusula contractual que le permite vender su parte accionaria sin autorización del Gobierno. El presidente Lacalle Pou, a continuación, se manifestó contento de poder «mejorar» por esta vía el acuerdo. Cabe anotar que cualquier recuperación de potestades que se logre es importante, pero no compensará de manera alguna la pérdida de soberanía ni impedirá la instalación de un monopolio, que son el centro de nuestros cuestionamientos.

¿Qué podemos esperar de KN en una negociación, ahora que tiene las cartas ganadoras en sus manos? Seguramente ningún cambio sustancial sobre lo pactado y firmado. Ya el diputado Pasquet adelantó lo terrible que sería para Uruguay enfrentar un juicio de KN con el reclamo del pago de 60 años de utilidades del puerto a 20 millones de dólares por año. El país fue amenazado con un juicio si no firmaba el contrato y ahora se lo amenaza con otro si pretende cambiarlo. Es una situación kafkiana en la que hemos sido introducidos por el Partido Nacional.

Hasta aquí lo que se maneja en los círculos de Gobierno: tratar de encontrar la salida menos mala sin romper la coalición. Por otra parte, numerosos juristas son contundentes en señalar la nulidad del acuerdo con KN por la ausencia de la firma del presidente de la República. También se observa que el monopolio adjudicado a KN en el manejo del puerto viola la Constitución. Cabe agregar que la empresa Montecon ya ha empezado a recorrer los trámites administrativos previos a la iniciación de un juicio contra el Estado con todas las de ganar. Para ello ya cuenta con un antecedente de oro en el Tribunal de lo Contencioso administrativo. Y, por si fuera poco, además puede reclamar cuantiosas indemnizaciones basada en tratados internacionales de protección de inversiones, porque sus dueños son chilenos y norteamericanos. De manera que, se camine por el rumbo que sea, el país enfrentará juicios.

Entonces mañana solo nos queda condenar la entrega de nuestra soberanía y redoblar la lucha por la independencia que tan negligentemente se ha cedido.