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La libertad absoluta que la mayoría parlamentaria adjudica al Gobierno para reducir las asignaciones presupuestales implica una muy peligrosa concentración de poder.

EDITORIAL

Cuando la segunda ola de la pandemia volvió a generar condiciones restrictivas sobre la economía y la actividad social, la coalición de Gobierno aceleró el trámite de la ley de presupuesto. 

Se trata de un presupuesto diseñado en línea con los ejes establecidos en la LUC, y consistente con las medidas de ajuste implementadas desde que asumió el Gobierno, más allá de todas las necesidades planteadas por la crisis sanitaria y su impacto sobre la calidad de vida.

El objetivo del Gobierno de bajar el gasto público para colocar al sector privado como motor del crecimiento y lograr que su inversión liderara la recuperación de la economía, no solo se mantiene inamovible a pesar de la pandemia sino que refuerza las medidas recesivas tomadas en el comienzo del período. Estamos ante un presupuesto que —entre otras cosas— implica realizar un recorte de más de 250 millones de dólares en políticas educativas, sanitarias y de protección social, que se suman a una pérdida en salarios y jubilaciones de incierta recuperación.

El presupuesto está directamente dirigido a achicar el Estado, a reducir su peso en la economía y su participación en el PIB. Esto quiere decir que representará una mayor presión a la baja sobre la tasa de crecimiento, justo en un período de desafíos económicos muy complejos. De esta forma se profundizan los efectos negativos sobre las condiciones de vida de la población, al descargarse todo el peso del recorte sobre los trabajadores, jubilados, pensionistas y los sectores más débiles de la sociedad uruguaya.

De esta forma han quedado plasmados esta semana los ejes fundamentales de la visión del Gobierno tendiente a reducir el Estado, sus inversiones y sus gastos, al tiempo que, utilizando una herramienta de contenido discrecional, queda habilitado para topear la ejecución presupuestal si hay “riesgo” de incumplir las metas fiscales. Están así generadas las condiciones para un ajuste fiscal mayor, sin requerir el engorroso proceso de negociación política.

De enorme importancia, este aspecto, fue claramente desnudado cuando el senador Sergio Botana anuncia: «Si nos alejamos del nivel esperado y cae la actividad y la recaudación, el Gobierno debe actuar recortando lo que es prescindible». Es decir que el presupuesto es un ajuste que además otorga la discrecionalidad de otro mayor.

Este es el punto en el que toman relevancia las consideraciones y supuestos presentados por el Poder Ejecutivo en su elaboración. Tanto en las metas de evolución del producto interno bruto como en las de recaudación, ningún analista ni organismo internacional coincide con sus proyecciones y expectativas. Tampoco son consistentes los guarismos en materia de balanza comercial con una economía en expansión.  Asimismo es de muy dudoso cumplimiento un crecimiento del consumo, cuando los salarios y jubilaciones tendrán una caída fuerte frente a la inflación, sin que existan medidas que posibiliten recuperar los niveles de empleo de comienzo del gobierno.

Por ello es absolutamente probable que tras la contracción que impone el presupuesto, por el incumplimiento de los supuestos que lo sustentan debamos enfrentar una nueva fase de ajuste. 

Los datos del desempeño de la economía en octubre así lo indican, dado que nuevamente se registra una caída de la recaudación impositiva. Y un dato para nada menor: mientras cayó la recaudación de todos los impuestos asociados al consumo y los ingresos, los vinculados a la renta y las transmisiones patrimoniales crecieron. Esto quiere decir que la recaudación está expresando la importante transferencia de recursos que se procesó en este período, en favor de los sectores empresariales y privilegiados. 

La contracción del Estado —que para muchos uruguayos es solo reducir su peso— en realidad tiene un efecto de profunda traslación de recursos. Estos se transfieren desde los beneficiarios de políticas públicas tales como educación, salud, seguridad, vivienda y desarrollo social, hacia los sectores más poderosos. Y estos incrementan sus ganancias sobre la base de la política monetaria y el retorno al viejo modelo de competitividad basada en reducción de costos.

La disminución del peso del Estado que tiene su gran centro en los egresos, sobre la base del recorte de salarios, pasividades, gastos de funcionamiento e inversiones, impactará en todos los sectores dependientes del mercado interno, a la vez que deteriorará diversas áreas y servicios públicos.

Se abre un escenario de profunda contracción, con escalones de ajuste permanentes que nos enfrentarán a una situación de conflictividad inevitable, para la cual deberemos prepararnos y fortalecernos en unidad y solidaridad.