Quebramos la pauta salarial

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Quebramos la pauta salarial

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Apoyada en una militancia firme AEBU logró mantener su salario real y evitar que la rebaja impulsada por el Gobierno beneficiara a las patronales privadas.

EDITORIAL

Cuando a mediados de julio de 2019 el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, proponía “mantener constantes” salarios y pasividades por dos o tres años, como forma de equilibrar el déficit fiscal, la mayoría de la población prefirió confiar en otros anuncios de campaña, que prometían que no habría pérdida de salarios. 

Alfie apuntaba directamente a utilizar los salarios y jubilaciones como la “única forma de disminuir el rojo de las cuentas públicas sin aumentar impuestos”. Dejaba así claramente establecido que el programa de la coalición de Gobierno descargaría sobre los ingresos de la población el costo de reducir el déficit fiscal.

En aplicación de dicha orientación, con la pandemia como telón de fondo y la pérdida de empleo del sector privado haciendo presión sobre los trabajadores,  se construyeron las pautas salariales. Pautas que se aplicarían en coincidencia con las patronales para producir una rebaja salarial generalizada. Esta decisión política  implica  que al 30 de junio de 2021 se producirá una reducción salarial equivalente a la caída del PBI. Dicho de otra forma: se descargará  sobre los ingresos de los trabajadores la totalidad de la caída de la actividad económica.

El PIT-CNT, a la vez que afrontaba una crisis absoluta en el empleo —y con un debilitamiento objetivo de sus condiciones de movilización y negociación— asumió la responsabilidad de acordar una pauta para el año puente, y lo hizo sobre la base de la instalación de un ámbito de discusión sobre el empleo. Su fin fue lograr que los grupos de los consejos de salarios no ingresaran en un proceso de destrucción de los derechos alcanzados por los trabajadores, que forman parte de los convenios colectivos existentes. En muchas ramas de actividad, estos incluyen ingresos y condiciones más valiosas aun que los ajustes salariales. Se trató de una decisión difícil, que logró proteger en forma básica a los sectores de trabajadores de menor organización, al tiempo que mantenía la libertad de los sindicatos para desarrollar, de acuerdo con sus posibilidades, la lucha por superar los efectos de la pauta.

 Si el objetivo del Gobierno hubiera sido atender los efectos de la pandemia sobre el mercado de trabajo, el camino natural hubiera sido establecer un parámetro general básico. De esta forma se habría procurado que los sectores menos impactados o incluso con ganancias durante la etapa crítica, participaran del esfuerzo preservando el salario de sus trabajadores. Pero este no era el camino del programa de Gobierno. 

El objetivo fue claro: se promovió una rebaja de salarios generalizada, abarcadora del sector público, que determina dos años de ajustes muy por debajo de la inflación. Su resultado es la contracción de la masa salarial volcada a la economía, y por tanto del consumo, al tiempo que se genera una rebaja de jubilaciones y pensiones. El proyecto anunciado en 2019, dirigido a equilibrar el déficit fiscal con descarga del ajuste sobre los ingresos de la población, se cumplirá más allá de lo esperado.

En el sistema financiero el sector privado mostró un escenario de alta complejidad, dada la diversidad de situaciones de las empresas, situación que obligó al sindicato de establecer objetivos diversos, adecuados para defender a los diversos de colectivos de trabajadores. Mientras en algunos sectores más afectados por la caída de actividad  se requirió poner la atención en la defensa de los puestos de trabajo, otros se beneficiaron con una expansión de su actividad en medio de la pandemia, por lo cual  resultaba absolutamente inaceptable que apelaran a aplicar la rebaja salarial resuelta.

Por ello el sindicato aplicó una estrategia de defensa de los puestos de trabajo en los sectores de las transportadoras de caudales y administradoras de crédito, sobre la base de una negociación que incluyó todas las herramientas disponibles. Se trató de preservar la relación laboral con la menor afectación posible del salario.  

En todo este proceso, la defensa de los puestos de trabajo estuvo sostenida por la movilización, la negociación y la solidaridad. Una solidaridad que se tradujo en más de 3.500 canastas entregadas a los trabajadores que han sido enviados al seguro de paro. Una lucha que aún se libra con el objetivo de evitar que lo que fue una solución de emergencia negociada en el momento crítico, intente sostenerse en el tiempo mediante la utilización del empleo como variable de ajuste por las empresas.

El sector de los bancos privados y las empresas financieras que les pertenecen continuaron su vigorosa evolución de los últimos años, aún en medio de la crisis. Ello justificó nuestra definición clara de rechazar la pauta salarial laudada, ya que no se justificaba una rebaja salarial de la magnitud de la propuesta de acuerdo al nivel de actividad mantenido.

Luego de los fracasados intentos de establecer un mecanismo de negociación, iniciamos una etapa de movilización que duró 46 días. En ese lapso generamos las condiciones para modificar las definiciones del Poder Ejecutivo y las patronales, para de esta forma construir un acuerdo que asegura la preservación de los ingresos de los trabajadores hasta febrero de 2023. 

El acuerdo alcanzado resulta trascendente. En primer lugar, por haber logrado en condiciones adversas el cumplimiento de su objetivo principal, que es la preservación de los ingresos de los trabajadores. Pero es aún más valioso por haber abierto una brecha en la aplicación de la política salarial impuesta. Un logro importante que nos prepara para las luchas venideras.