El modelo elegido

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El modelo elegido

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El proyecto de ley de presupuesto quinquenal antepone la reducción del déficit fiscal a los objetivos de desarrollo.

EDITORIAL

Con la reciente presentación del proyecto de ley de presupuesto nacional para el quinquenio se inicia un debate fundamental para tramitar esta pieza clave del programa económico y social del Gobierno. Cada cámara deberá pronunciarse dentro de un término de cuarenta y cinco días y contará con un breve plazo adicional para procesar las modificaciones que surjan del debate parlamentario.

El presupuesto es el instrumento fundamental para el diseño de las políticas públicas, la gestión del Estado y la determinación del contenido y orientación del gasto y  la inversión pública. Es la norma que determina cómo se distribuyen los recursos, de cuyo reparto dependerá el avance o el deterioro del bienestar social. 

En este plan de acción del Gobierno se establecen los gastos que asumirá, los proyectos que impulsará y las fuentes de los recursos requeridos para financiar sus objetivos. En nuestro país, dada la importante presencia del Estado tanto en los servicios que brinda como en las prestaciones y salarios que de él dependen, el presupuesto es determinante en el funcionamiento de la sociedad y la calidad de vida de su población.

A partir de la escasa viabilidad que tienen los supuestos y  proyecciones que se toman como base, con la inflación y el tipo de cambio tendientes a la baja y el producto bruto creciente en rangos superiores a los históricos, se presenta un horizonte tenebroso. En términos generales se plantea una primera fase de contracción salarial drástica hasta el año 2022, para luego abrir la posibilidad de un crecimiento de las remuneraciones, que siempre será menor al incremento de la economía, única conclusión posible  si se analiza el conjunto de las medidas planteadas.

 La reducción del número de funcionarios tiene dos vertientes en este presupuesto: el no llenado de vacantes y la separación de quienes sean declarados excedentarios en sus reparticiones. Todos estas bajas  responderán a procedimientos originados en reestructuras organizativas y funcionales dedicadas a la supresión, transformación, fusión y creación de nuevas unidades.

A la caída importante del gasto en las remuneraciones —ajuste salarial mediante— sucederá una rebaja del gasto en pasividades por efecto de la consecuente caída general del índice medio de salarios. A estos dos recortes se sumarán los primeros efectos de medidas restrictivas en materia de seguridad social.  

También es notorio un importantísimo recorte en las inversiones y gastos de funcionamiento del Estado,  rubro en el que se prevé una reducción constante en términos reales, que tanto por su monto como por su amplitud condiciona seriamente el funcionamiento de diversas áreas. Otra vía para el ajuste  es la limitación de los  cometidos de muchos organismos oficiales y el  retiro del Estado en inversiones en áreas fundamentales, que solo a él le están reservadas, ya sea por factores de escala como de rentabilidad.  

En definitiva, el Gobierno recortará —en términos reales— el gasto en salarios e inversiones en 2021 y 2022, para luego mantenerlo en el nuevo nivel alcanzado en los tres años siguientes. 

Este proyecto de Ley de Presupuesto Nacional antepone en forma radical la reducción del déficit fiscal sobre los objetivos de desarrollo, y coloca la relación entre ingresos y egresos como factor determinante de la evolución de la inversión del Estado y el cumplimiento de sus objetivos. De esta manera se construye una centralidad de los aspectos fiscales sobre los sociales y estratégicos.  

La segunda orientación que se expresa en el proyecto es la recomposición de la relación entre la presencia estatal y la iniciativa privada. La propuesta tiende a reducir drásticamente el papel del Estado en la orientación del crecimiento con el fin de permitirle al sector privado desarrollarse y tener mayor actividad. No importa que ello implique una trasferencia de recursos desde toda la sociedad al sector empresarial y un retraso en las áreas donde los niveles de rentabilidad no resultan estimulantes para la iniciativa privada.

Con estas condiciones, el proyecto de presupuesto —alineado con el resto de las medidas implementadas desde el primer día de gobierno— reformula el modelo distributivo de los recursos como factor de expansión y desarrollo. Se  retorna a la fórmula neoliberal que encuentra en  una fase recesiva de la economía la oportunidad de impulsar la competitividad externa de algunos sectores. A partir de esa concepción se impulsa la reducción de los ingresos de trabajadores y jubilados, la contracción de la inversión pública y del papel social del Estado, a la espera de  que el pujante y rentable sector privado comience a dejar caer sus excedentes en el mercado interno.

Al presentar el presupuesto ante el Parlamento, la ministra de Economía Azucena Arbeleche no titubeó al expresar: «Claramente este proyecto de ley marca un modelo económico y filosófico que los uruguayos eligieron cuando optaron por cambiar». Remarcamos un modelo económico y filosófico. Aunque nos permitimos un lugar para la duda, en referencia a que esta fue la opción de cambio que eligieron los uruguayos, dudamos porque nunca le fue así presentada a la ciudadanía, ni en su contenido ni en su profundidad. Por un lado su compromiso de campaña electoral de mantener el poder de compra de los uruguayos no está siendo cumplido. Por otro, la anunciada «optimización del gasto» se ha transformado en el pretexto de un tremendo recorte de inversiones, en la reducción de salarios y jubilaciones, en el desmantelamiento de programas sociales y en la justificación de privatizaciones.

En resumen, estamos ante un proyecto de presupuesto que solo asegura a los uruguayos un largo y pronunciado proceso de pérdida de calidad de vida. Este es un componente sustancial del programa económico de la coalición de Gobierno que deberemos enfrentar.