Cuestión de honor

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Cuestión de honor

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Tras las confesiones de militares, el sistema político debe cerrar filas y entregar a la Justicia todos los elementos para procesar a los criminales de la dictadura.

EDITORIAL

El tema de la violación de los derechos humanos y sus expresiones más tenebrosas —asesinatos, torturas y desapariciones forzadas— continúa lastimando a nuestra sociedad. El silencio de la casta militar y su impunidad limitan nuestra capacidad para cerrar el pasado con la madurez y la sensibilidad que el dolor provocado exige.

Cerrar esa herida, debería ser la prioridad fundamental de todos los actores comprometidos con los derechos humanos, un propósito que conlleva recorrer  seria y responsablemente el camino de sacar a luz la verdad y posibilitar la actuación de la Justicia.

La lucha por esclarecer las desapariciones forzadas a manos del terrorismo de Estado  pasa por develar lo que permanece oculto y también por la  clara identificación de los criminales. La desaparición forzada sigue presente en el ocultamiento de los cuerpos; sobrepasa a la víctima para mantenerse como un crimen permanente sobre toda la sociedad, que no se extingue hasta que se corten de raíz sus efectos.

Para su perduración en el tiempo fue necesaria la complicidad del Estado, tanto en el momento inicial de las detenciones o secuestros como en las sucesivas acciones u omisiones que lo mantienen oculto e impune. La tardanza de la Justicia, bloqueada y condicionada por la Ley de Caducidad, condenó a la sociedad a convivir con los criminales de Estado. Sin embargo, en los responsables políticos y militares persiste el pernicioso gesto de anteponer sus intereses sobre el necesario camino que la sociedad requiere. 

Es muy valioso que salga a la luz el reconocimiento de Gilberto Vázquez de la  ejecución material de numerosas personas, así como del secuestro y apremio a otros seres humanos. Y es trascendente que afirme que ha recibido  felicitaciones de los altos mandos del Ejército por sus acciones. El reconocimiento de que ejecutaban y torturaban en forma metódica y sistemática es prueba ineludible de que Uruguay vivió el terrorismo de Estado, y eso no es cuestión de relatos.

Es importante confirmar que los tribunales de honor militares registraron declaraciones inequívocas que confirmaron cómo operaba el aparato terrorista: mediante el rapto y la tortura de personas. Y aún lo es más constatar que mantuvieron el silencio y el ocultamiento con la negación reiterada de las prácticas que asumió el ejército durante la dictadura.

También es fundamental la comprobación de que todas esas declaraciones y acciones del Tribunal de Honor estuvieron en conocimiento de los respectivos comandantes en jefe, desde Carlos Díaz hasta Guido Manini Ríos, quienes desde su posición de máximos jefes del ejército extendieron la culpabilidad sobre toda la institución y obstruyeron el avance de la Justicia.

Por supuesto que los recientes sucesos abren un capítulo especial de investigación que llega hasta la Presidencia de la República, para establecer si el Gobierno fue parte del silencio o víctima de operaciones de inteligencia destinadas a  convalidar el ocultamiento.  Saber, por ejemplo, si las actas estuvieron siempre en el Ministerio de Defensa o si fueron parte de anexos escondidos a las autoridades civiles. Conocer si su aparición en este momento es parte de una operación tendiente a desvirtuar la discusión sobre el desafuero del senador Manini o si existen estamentos del Estado que mantienen un compromiso para limitar la verdad. Todo ello también es trascendente. Porque, desde la recuperación democrática, siempre se mantuvo y se desarrolló un poder corporativo paralelo a los poderes del Estado, que emerge cada vez que ve en riesgo sus intereses, para eludir a la Justicia.

Se trata de un conjunto de elementos que surgen en un momento clave del debate político. Justamente, aparecen cuando afloran desembozadamente en grupo defensores de los valores de la dictadura y de sus crímenes, para justificar abusos e intentar reflotar la Ley de Caducidad con argumentos descalificadores y agresivos hacia el Poder Judicial. 

Lo hacen cuando los actores políticos están más preocupados por sus campañas electorales permanentes y en debatir relatos y luchas culturales que por posibilitar el fortalecimiento de las instituciones mediante la reafirmación de la república y la democracia. Lo político por encima de lo jurídico.

Lo verdaderamente trascendente en esta etapa es la constatación —sin lugar a dudas— del ocultamiento de las Fuerzas Armadas de todos sus crímenes, situación que se perpetúa hasta  el presente. Está dada la prueba de que todo lo realizado se hizo con la aprobación de los más altos mandos y las órdenes precisas de toda la cadena jerárquica. Ha quedado demostrado el carácter institucional que tuvo la represión durante el terrorismo de Estado.

Por ello, hoy más que nunca, la responsabilidad institucional de todo el sistema político radica en dar paso a la Justicia. Habilitarla, sin ningún tipo de limitaciones ni condicionamientos para que actúe. Para que avance decididamente, con su independencia constitucional, en la búsqueda de la verdad y en la determinación de todas y cada una de las responsabilidades. La Justicia deberá imponerse con el apoyo del Poder Ejecutivo y del Parlamento, para desactivar todo intento de cualquier ciudadano —sea militar o civil— de arrogarse el derecho de sentirse por encima de la ley y de los poderes constituidos.

A partir de esta toma de responsabilidad política quedará establecida la estatura moral de nuestros gobernantes. Así quedará solidificado el verdadero compromiso democrático de nuestros partidos políticos. Sobre dichas bases podremos construir una sociedad que, sustentada en la verdad y la justicia, pueda empezar a cerrar sus heridas.