Movilizarse también es urgente

Tiempo de lectura
3 minutos
Leido hasta ahora

Movilizarse también es urgente

Publicado en:

Ante una inequívoca política concentradora de la riqueza, todos los damnificados deben articularse y movilizarse en torno a un programa alternativo al del Gobierno.

EDITORIAL

Con una ofensiva comunicacional, los sectores conservadores intentaron desviar la atención sobre las propuestas que el movimiento social impulsa frente a la crisis. Pero, sin duda, la excepcional y trascendente movilización popular realizada el 4 de junio representó un cambio de calidad en la defensa de los intereses de las grandes mayorías de nuestro pueblo.

Bajo las condiciones sanitarias requeridas fue asumido el desafío de manifestar con claridad meridiana que el rumbo tomado por el Gobierno implica una profundización de la crisis y —muy especialmente— un deterioro absoluto de las condiciones de vida de inmensos sectores de la población.

La estrategia del Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia lo ha beneficiado con una percepción positiva de la población. Ello no impide, empero, que el movimiento sindical asuma la denuncia de la insuficiencia de sus respuestas para atender la situación crítica en materia económica y social. Ni tampoco que le impute al Gobierno una orientación claramente contraria a los intereses populares, a los derechos y libertades, así como también opuesta a los intereses estratégicos de la nación.

Comprometido con los sectores empresariales y las corporaciones más poderosas, el Gobierno implementó su proyecto en medio de la crisis sanitaria. De manera urgente se dedicó a desmantelar diversos niveles de protección social, a profundizar la concentración de la riqueza, reducir y privatizar importantes sectores del Estado y a restringir la capacidad de respuesta de la sociedad organizada.

Para ello impuso un ajuste recesivo con las herramientas económicas clásicas del neoliberalismo, como la devaluación, los ajustes de tarifas y la inflación. Protegió al capital a la hora de contribuir ante la crisis y preservó el funcionamiento del sector agroexportador sin limitaciones, para asegurarle sus tasas de rentabilidad. 

Paralelamente, inició una contracción general del gasto del Estado sin medir su impacto sobre las políticas públicas que atienden a los sectores vulnerables. Provocó desocupación con la rescisión de cientos de contratos y restringió la reposición de recursos humanos en el Estado, medida que tendrá un efecto negativo tanto en calidad de los servicios como en el nivel de desempleo. 

A estas acciones le sumó, con absoluta determinación, la presentación del proyecto de ley de urgente consideración; un proyecto que, por su carácter de urgente, impone un debilitamiento de la democracia, impide el debate serio y restringe la participación social en temas tan variados como trascendentes. 

El citado es también un proyecto que restringirá las libertades y derechos de los ciudadanos, al tiempo que impulsa la privatización de importantes sectores del Estado. Es limitador además de los espacios de participación institucional de los trabajadores y retrógrado en diversas áreas sensibles del funcionamiento social y económico. Tan es así, que sus propuestas de represión sobre la libertad de huelga han llegado a ser cuestionadas por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la forma en que esta ley le pasa por arriba al derecho de huelga de los trabajadores. 

Ante un modelo cuyos objetivos son contraer al Estado, reducir la protección social y recuperar la concentración de la riqueza y el crecimiento del capital como base para el crecimiento económico, solo podemos esperar una profundización de la crisis. 

Esto hace imperiosa la elaboración de una estrategia destinada a dar nacimiento a un actor social mucho más amplio que el propio movimiento sindical. Porque los afectados en el mediano y largo plazo serán todos los sectores dependientes del funcionamiento del mercado interno, incluyendo a pequeños comerciantes, trabajadores, jubilados, capas medias y sectores vulnerables: la inmensa mayoría del pueblo. Y su defensa requiere una organización amplia y democrática de todos los actores damnificados. Por ello la Intersocial que nace en este marco de movilización tiene el desafío de seguir creciendo y sumando actores y organizaciones. 

Un segundo aspecto fundamental es avanzar en la construcción de un programa alternativo al del Gobierno, dirigido a que el costo de la recuperación económica no recaiga sobre los sectores más débiles. Promotor de un Estado presente en la protección de los uruguayos, así como comprometido en impulsar el desarrollo y la distribución de la riqueza. Impulsor de un plan de medidas en defensa de la salud, del empleo y los ingresos y a favor de una renta básica y transitoria ante la emergencia. 

Desde esta perspectiva, la movilización se hace urgente para colocar en el debate público la profundidad de la crisis, su perspectiva y cómo enfrentarla. Solo con una gran movilización podrán generarse las condiciones para la instalación del diálogo social que ha sido rechazado por el Gobierno. Una movilización que enfrente las tendencias concentradoras de la riqueza que profundizan las desigualdades y la exclusión. Una movilización que parta desde la acción solidaria que sostiene ollas populares para colaborar con los más desprotegidos, al tiempo de promover la negociación colectiva, la defensa del salario y los puestos de trabajo. Una movilización firme y responsable, porque la emergencia es la gente.