En medio de la tormenta sin salvavidas

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En medio de la tormenta sin salvavidas

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Las medidas que adopta el gobierno para combatir al COVID-19 dejan fuera de su espectro a la población que vive en la informalidad.

Instituciones referentes sociales como el PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU), la Intersocial Feminista y el colectivo Ovejas Negras manifestaron su preocupación por el desamparo de grandes sectores frente al COVID-19.

En una declaración conjunta del martes 17 hicieron notar la necesidad de arbitrar soluciones para quienes no tienen trabajo estable y constituyen gran parte de la población. En su nombre reclaman «profundizar mecanismos especiales que amplíen la cobertura de las políticas sociales, para garantizar el acceso de toda la población a los implementos necesarios para la prevención del contagio». 

Son numerosos los casos de trabajadores informales que, ante la caída de los negocios, han sido enviados para sus casas sin poder ampararse en el seguro de paro. También sucede algo similar en el rubro del servicio doméstico. Por ello las organizaciones sociales antes mencionadas solicitan al Estado «garantizar cobertura del 100 % de los salarios» por los días «no trabajados por esta situación».

En el texto remitido a los medios consideran «absolutamente improcedente que las medidas de reestructuración del trabajo se tomen de forma unilateral, prescindiendo de la participación de la parte trabajadora», y sin atender a las diferentes modalidades del trabajo en nuestro país. Es así que ponen la atención en el 25 % de los trabajadores no formalizados y que por ese motivo «no tiene al día de hoy derecho al subsidio por desempleo».

Sobre el aumento de tarifas resuelto por el gobierno en otro contexto, cuando no se había declarado la pandemia, las organizaciones sociales reclaman su suspensión, fundamentada en los mayores gastos en que incurrirá la población para adoptar medidas sanitarias. A la vez, y también sobre ese punto, solicitan regular los precios de la canasta sanitaria, hoy librada a la especulación comercial. La respuesta dada a esta demanda en particular no ha sido satisfactoria; en lugar de fijar precios máximos, el gobierno publicó un listado con los precios a que se ofrecen estos productos en diferentes comercios para «orientar al consumidor». Ello demuestra que no son iguales las políticas sociales miradas desde arriba que desde abajo. Ni es lo mismo «estar en medio de la tormenta», como dijo la ministra Azucena Arbeleche, mirándola desde un balcón protegido, que en un bote de remos y sin salvavidas.