Responsablemente libres

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Bajo un pretendido sello de «evolución» y con la bandera de la «libertad», el próximo gobierno ha anunciado el retroceso a estadios anteriores a la Ley de Inclusión Financiera.

EDITORIAL

El gobierno electo ha comenzado a delinear aspectos fundamentales de su programa, algunos de los cuales serán implementados en forma inmediata a partir de la anunciada ley de urgente consideración. Dadas sus características, este instrumento constitucional permite una resolución rápida —sin grandes debates parlamentarios ni participación ciudadana— de temas considerados fundamentales para el Poder Ejecutivo.            

Un proyecto de ley —que se anuncia contendría cerca de cuatrocientos artículos, para ser analizado en un mes en cada cámara y cuyo no rechazo es suficiente para quedar aprobado— implicará una fuerte presión a la hora de plantear las prioridades que se intenten corregir o modificar en su texto. 

Por ello, como trabajadores del sistema financiero, la primera señal de alerta que debemos plantear es el abordaje que dicho proyecto realizará sobre la Ley de Inclusión Financiera. 

Tanto por las expresiones del presidente electo, como por su programa de gobierno y los anuncios de los responsables de su elaboración, queda claramente anunciado que se propone modificar esta ley a los efectos de eliminar la obligatoriedad de efectuar pagos y realizar transacciones a través del sistema de intermediación financiera. 

Según el programa del gobierno elegido por la ciudadanía, se implementará un sistema basado en «la libertad financiera para que la gente pueda elegir cómo quiere administrarse», por considerar que dicha obligatoriedad «ha coartado la libertad de las personas en el manejo de sus propios recursos».

Más allá del debate filosófico o ético sobre el punto de equilibrio entre libertad personal y responsabilidad social sugerido en dichas afirmaciones, corresponde expresarnos sobre algunos aspectos de enorme importancia.

La obligatoriedad incluida en la ley de intermediación financiera reúne varios componentes que podríamos agrupar en cuatro principales: formalización de las remuneraciones recibidas en relación de dependencia; defensa de los consumidores; responsabilidad fiscal de los actores económicos y promoción de la calidad y legalidad de los activos que circulan en la economía. 

Eliminar la obligación del pago de remuneraciones en relación de dependencia —como son los salarios, jubilaciones y servicios personales entre otros— implicará un retroceso en la formalización de las relaciones laborales, un impulso a la evasión a la seguridad social y propiciará nuevas aristas de flexibilización laboral.

La ausencia de la obligación de contar con medios de pago electrónicos en el comercio, así como la prohibición de diferenciar precios en función del uso de efectivo, implicará una exposición de los consumidores a una mayor arbitrariedad y desprotección. Esto será aún más grave en las pequeñas localidades o en los barrios periféricos.

Desmantelar la obligatoriedad de facturación en las transacciones económicas desestimulará la responsabilidad fiscal y abrirá la puerta a mayores niveles de evasión. No solo implicará una reducción de la recaudación, sino que permitirá a los actores económicos más poderosos una mayor concentración a partir de relaciones comerciales menos reguladas y controladas.

Y como último aspecto, no por ello menos importante, la ausencia de obligatoriedad en materia de bancarización de transacciones de montos importantes afectará la transparencia de los activos que circulan en la economía. Este componente liberará la posibilidad de que recursos provenientes de actividades ilegales o generados en un marco de evasión alcancen legitimidad en el mercado financiero y comercial. 

Estos cuatro aspectos son elementos suficientes para definirnos, como trabajadores del sistema financiero, en contra de este proyecto; de una iniciativa que aunque se presente sustentada en el valor supremo de la libertad, implica un claro retroceso en aspectos fundamentales para la protección de los consumidores, la formalización del empleo, la igualdad de condiciones en materia de responsabilidad contributiva y el combate al lavado de activos.

Seguramente algunos sectores de pequeños empresarios se vean tentados a apoyar esta iniciativa, basados en la posibilidad de eludir la facturación en su actividad. Sin embargo, los grandes beneficiados no serán ellos. Los verdaderos favorecidos serán los sectores más fuertes de la economía y los estudios especializados en evasión y lavado de dinero, que retomarán sus viejas prácticas como las que se hicieron evidentes en la crisis bancaria de 2002 o en los Panama Papers. También lo serán las grandes corporaciones cuya evasión puede alcanzar niveles económicamente importantes. Y las actividades delictivas volverán a encontrar en Uruguay un escenario propicio para el blanqueo de sus operaciones.

Nos definimos en contra de esta iniciativa de dudosa urgencia porque implica un retroceso que afectará a trabajadores y consumidores; un deterioro de las cuentas fiscales que obligará a ajustes en las políticas sociales y la inversión del Estado. Y también implicará poner en duda el prestigio alcanzado por el país y su sistema financiero a nivel internacional.

Rechazar este proyecto de liberalización y reclamar que su análisis sea realizado en un marco serio de debate y análisis en profundidad, es un objetivo trascendente, con el cual deberemos comprometernos desde hoy mismo. Este será un compromiso que nos exigirá poner en movimiento nuestras mayores capacidades, por el bien del país y su gente.