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Insólito fichaje de manifestantes frente al BROU

AEBU denunció que el viernes pasado sus manifestantes frente al BROU y la ANV fueron fotografiados y la Policía les solicitó documentos.

Un oficial principal de la Seccional Primera sostuvo que hay un respaldo legal para tal proceder, justificación que fue rechazada por juristas. 

La Asociación de Bancos Privados sostuvo ayer ante la comisión especial de Diputados que la responsabilidad mayor en el control del lavado corresponde a los escribanos e inmobiliarias.

Se reunió ayer el Consejo Superior Tripartito y se acordó dar una nueva redacción a la propuesta del Gobierno para aclarar algunos aspectos cuestionados por el PIT-CNT.

Tras llegarse en marzo a una cifra de 200 mil trabajadores en seguro de paro en junio se ingresó a «una meseta», según el ministro de Trabajo Pablo Mieres.

La Federación de Funcionario de Salud Pública alertó que 100 000 usuarios provenientes del mutualismo podrían volcarse al sistema de atención público a causa de la crisis económica.


AEBU

Regreso a los viejos tiempos

Una manifestación pacífica de AEBU frente al BROU y la ANV fue fotografiada y a sus participantes les fue solicitada la exhibición de documentos para un «registro» de manifestantes. 

«El viernes pasado hicimos una concentración conjunta de la gente de la casa central del BROU con los compañeros de la ANV para manifestarnos ante estas dos instituciones. Allí tuvimos una visita policial que, amablemente nos solicitó los documentos y sacó fotos de la movilización que no entendimos para qué. Nos llamó la atención porque no nos había pasado en otras movilizaciones: que se acerque la Policía, nos pida los documentos y proceda a sacar fotos. Y no fue una foto sino que fueron varias. Pero eso no nos amedrenta», denunció ayer el consejero central y secretario de Relaciones Internacionales de AEBU Gonzalo Pérez a Punto de Encuentro de Radio Universal.

| Portal AEBU
El viernes comienza diálogo en MTSS

Gonzalo Pérez: «Posiblemente el viernes tengamos una reunión en el Ministerio de Trabajo, porque el convenio colectivo de la banca oficial establece un plazo de siete días hábiles de paz a los efectos de que negocie y se encuentre una salida. Y en el caso de que esa salida no se dé entonces sí las partes quedan liberadas para realizar paros». En esta reunión, anunció el consejero se discutirán temas salariales. «Tenemos un convenio que dice que cuando la inflación supera el 10% en el período interanual, inmediatamente se tiene que convocar a las partes, para discutir las medidas a adoptar. Se trata de una cláusula gatillo que tiene nuestro convenio. Hace cerca de dos mese, cuando la inflación superó el 10 % enviamos una nota al Ministerio de Trabajo a los efectos de solicitar una reunión por este tema. Y han pasado dos meses sin una respuesta, sin una convocatoria del Ministerio de Trabajo».

| Portal AEBU
Vacantes sin llenar y recorte en inversiones

No solo el salario, sino también el empleo preocupa a AEBU, porque «en la banca oficial de cada tres vacantes que se crean dos se eliminan. Tenemos 400 compañeros que se van por año», situación que ya venía de antes, porque anteriormente de cada tres vacantes solo dos se podían llenar. Esto agrega nuevas dificultades, porque además se eliminan todas las vacantes que se generaron el año pasado y que, por lo general, se llenaban al año siguiente. El 100 por ciento de esas vacantes se eliminó, por lo cual, en un período de muchas dificultades para el empleo, cerrar estas posibilidades entendemos que es muy negativo. Conjuntamente con eso hay un instructivo que determina el recorte de un 15 % en las inversiones, todas situaciones que nos van a ocasionar a nosotros (los usuarios y la población que recurre a los bancos oficiales) serias dificultades».

| Portal AEBU
Nuevo fichaje policial a una movilización sindical

El dirigente del sindicato bancario Álvaro Legaspi, contó que se encontraban unos 60 integrantes del sindicato manifestando frente a la sede central del Banco República cuando se hicieron presentes agentes de la Seccional Primera de Policía, solicitando identificación. En el lugar fue fotografiado y registrado solicitando la cédula de identidad el dirigente sindical Matías Arbizu. Legaspi manifestó que hace un mes, en otra movilización del sindicato bancario en Ciudad Vieja, también fueron registrados. El oficial principal Ramos de la Seccional Primera manifestó que se realizó un procedimiento de rutina, al darse cuenta que había una manifestación. Consultado sobre cuál era el destino de los datos de los manifestantes, explicó que estos se registran en el Sistema de Gestión Policial (SGP), bajo la tipificación de «manifestante», al igual, explicó, que registran las personas vinculadas a delitos como hurtos, rapiñas, etcétera. Explicó que dicha actuación policial se encontraba dentro del cumplimiento de la Ley N° 18.315 de Procedimiento Policial, aunque no supo precisar cuál artículo era el que habilitaba dicho proceder, al que consideró de rutina. También manifestó que se solicitó la identificación, pero la entrega de los datos es en forma voluntaria.

| Caras y Caretas
Interpretación arbitraria de la ley

Distintos expertos que trabajaron en la Ley de Procedimiento Policial explicaron a Caras y Caretas Portal, que es una interpretación arbitraria de la ley la que están llevando adelante las autoridades del Ministerio del Interior, ya que el alcance de la misma con respecto a las movilizaciones en particular establece una vigilancia del desarrollo de la misma, pero no el registro de datos que queden en un banco de datos. La solicitud de identificación es obligatoria como establece el Artículo 43 de dicha ley, por lo que solicitarla impone a la persona tener que identificarse. En estos días la dirección de Banca Oficial de AEBU estudiará los pasos a seguir tras estos hechos.

| Caras y Caretas

Sistema financiero

Bancos ven «con preocupación» cambios en los controles antilavado de la ley de urgencia

La Asociación de Bancos Privados (ABPU) manifestó en la comisión de Diputados que estudia el proyecto de ley de urgente consideración que observa «con preocupación» los cambios que se pretenden introducir en la ley antilavado. La flexibilización en los controles que se habilita en los casos que el dinero pase por entidades financieras, «genera un apoyo desmedido» en los bancos como sujetos obligados «cuando en realidad, en la operación participan otros sujetos» que pueden «tener un mayor conocimiento (del origen del dinero y las características de la transacción) por estar más cerca de la operación», dijeron los representantes de los bancos privados. La delegación estuvo integrada por el director ejecutivo de la gremial, Roberto De Luca, y las contadoras María Elena Bandeira y Lucía Sánchez, oficiales de cumplimiento —quienes se encargan y tienen responsabilidad por los controles antilavado— de los bancos HSBC e Itaú respectivamente. «Es importante entender que el sistema de prevención adoptado por el gobierno es un sistema colaborativo por el cual los distintos sujetos obligados, ya sea financieros o no financieros, colaboran en la prevención del lavado de dinero, cada uno desde una óptica distinta», dijo Bandeira.

| El País
La responsabilidad es de escribanos e inmobiliarias

La oficial de cumplimiento sostuvo que hay otros sujetos obligados que «están mucho más cerca de la transacción que los bancos como, por ejemplo, el agente inmobiliario, que puede saber cuál es el precio razonable y que va a conocer a las dos partes, o el escribano, quien va a certificar toda la documentación y también tendrá contacto con ambas partes y conocerá el monto total de la operación». Agregó que los bancos «por lo general tienen como cliente a una de las partes y, quizás, no todos los fondos salen de la misma cuenta», lo que configura un riesgo de «fraccionar los fondos» para eludir controles. «No entendemos cuál sería el sentido de aclarar que cuando los fondos vienen a través de una transferencia de una institución financiera se podría aplicar una debida diligencia simplificada, aún cuando el cliente sea un no residente y aún cuando los fondos vinieran a través de un tercero distinto del beneficiario», planteó Bandeira ante la Comisión. Indicó que el decreto reglamentario de la ley antilavado ya establece «con mucho detalle los casos donde se debe aplicar una debida diligencia ampliada, normal y simplificada».

| El País
¿Qué hacen los bancos ante el fin del plazo para diferir pagos de créditos?

Una de las principales medidas adoptadas por los bancos a partir del surgimiento de la pandemia del COVID-19 en Uruguay, fue la implementación de planes para diferir los pagos de cuotas de créditos que estuvieran al día, a familias y empresas. Eso fue posible porque previamente una resolución del Banco Central (BCU) autorizó a bancos y financieras a que pudieran extender los vencimientos de los créditos en acuerdo con sus clientes por hasta 180 días y que eso no implicara que la institución financiera tuviera que recategorizar al cliente. Esa recategorización perjudicaría al cliente y además al banco le haría previsionar (tomar como pérdida) parte de esos créditos. La mayor parte de los bancos prorrogó por 90 días (en algunos casos 120 días) los pagos de cuotas de créditos que pasaron al final de los préstamos. Ese plazo vence hoy. Por la resolución del BCU, las instituciones financieras aún tienen margen para extender las prórrogas.
¿Qué harán los bancos? Según un sondeo optaron por monitorear la situación de sus clientes y no extender de forma generalizada los plazos.

| El País

Y en el resto del mundo...

Argentina. La gerencia de Promoción de Políticas de Género del Banco Central realizó la actividad «Rompiendo el binarismo» para debatir y reflexionar sobre las problemáticas de diversidad y género en el sistema financiero. Del evento participaron el presidente del BCRA, Miguel Pesce; Victoria Antola, trabajadora del banco, y Luli Sánchez, abogada y activista lesbiana y feminista.

| Página 12

Argentina. En momentos en que se discute en el Congreso la ley que reglamenta las condiciones para ejercer la modalidad de trabajo a distancia que irrumpió durante la cuarentena, la consultora Adecco dio a conocer una encuesta que revela que apenas el 4% de los trabajadores que se vieron obligados a desempeñar sus tareas en su hogar recibieron una compensación por los gastos que esa modalidad conlleva. 

| Tiempo Argentino

Sindicales

Se reunió este lunes nuevamente el Consejo Superior Tripartito (CST) de la actividad laboral privada, que acordó finalmente conformar una comisión para redactar un acta que establezca «los contenidos exactos» de la propuesta del Poder Ejecutivo. Allí se buscará que «queden claros los puntos de discordancia, sin perjuicio de lo cual se convoque a las mesas de los consejos de salarios, en el afán de que el año ‘puente’ planteado pueda transitarse de acuerdo a esa pauta», dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, al finalizar la instancia tripartita.

| la diaria

Tras la reunión el secretario general de la central, Marcelo Abdala, dijo que «se entra en un capítulo de redacción» de un acta, donde va a haber «todo un esfuerzo de negociación para que las cosas queden claras», en referencias a las pautas y las diferencias entre las partes. «Se llegue o no se llegue a un acuerdo, un acta va a haber», afirmó Abdala. Y Milton Castellanos, director del Cuesta Duarte, dijo que «habrá que ver» si hay desacuerdo entre las partes en esa negociación, más allá de que «la pauta no convence porque incluye rebaja salarial».

| El País

Marcelo Abdala, secretario ejecutivo del PIT-CNT, dijo en rueda de prensa tras la reunión que esta resolución fue porque «lo que está garantizado es un deterioro del salario real por lo menos equivalente por lo menos a lo que caiga el PBI este año», y que «se ponía más a condicional, a referéndum de la negociación que viene». «Tenemos un acuerdo en el diálogo social por el trabajo y estamos considerando insuficiente los aspectos de carácter salarial», subrayó.

| El País

La central sindical trasmitió que se reconocen los avances de la pauta salarial respecto a su versión original, pero al mismo tiempo la consideran «globalmente insuficiente». Si bien los lineamientos establecen que el salario perdido entre julio de 2020 y junio de 2021 se comenzaría a recuperar en enero de 2022, no cumple con el objetivo inicial de los sindicatos de mantener el poder de compra del salario real durante el período propuesto.

| El Observador

Un sindicato de supermercado en Piedras Blancas realizó «trancazo y ocupación parcial» y consiguió abrir mesa de negociación. En medio de la medida adoptada este lunes, la empresa y el sindicato acordaron que los despidos quedarán sin efecto y que los siete trabajadores continuarán durante un mes más en el seguro de desempleo, y se abrió una mesa de negociación bipartita para intentar encontrar una solución a la situación.

| la diaria

Tras la negociación con el SMU, la Asociación Española dejó sin efecto cambios que implicaban rebajas salariales para médicos.

| la diaria

El CEO de Pagnifique, Pablo Lundahl, denunció en su cuenta de Twitter que trabajadores de la empresa se encontraban ocupando la misma: Luis Echeverría, de la mesa coordinadora del sindicato de trabajadores del pan, explicó que «la empresa no está ocupada ni mucho menos». «Tuvieron (por Unifique) una diferencia por gente que se mandó al seguro sobre el fin de semana y, por lapsos, se cortó la salida de los camiones; pero se está trabajando», aclaró. El argumento que les dieron, según el relato de Echeverría, es que «no tenían trabajo para ellos» y «después los compañeros vieron que tercerizaron camiones para sacar la producción».

| El País

Trabajo y empleo

Los despidos tuvieron un pico en marzo y se registraron un 52% más que el mes anterior, según datos de la Planilla de Trabajo Unificada (PTU). En el tercer mes del año, cuando se decretó la emergencia sanitaria, se registraron 11.111 despidos frente a los 7.297 que se había registrado el mes anterior.

| El Observador

Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, explicó que con la llegada de la pandemia al país se dispararon las solicitudes de seguro de paro. Mientras que en febrero había 50.000 personas en seguro de desempleo -número que consideró de todas formas «muy importante»- en marzo se pasó a 120.000 personas. Más adelante, en mayo, el número llegó a 200.000. En las últimas semanas, señaló, se entró «en una meseta» en el uso de esta herramienta aunque aún no se conoce el número final de junio.

| Montevideo Portal

Derechos humanos

La asociación de ex presos políticos Crysol envió una misiva al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, para solicitar un espacio semanal de una hora en Televisión Nacional (TNU), preferentemente en el horario nocturno, para emitir un programa destinado a la promoción de los derechos humanos. «El programa estará totalmente a cargo de nuestra organización y no debería suponer ningún costo para el canal», expresó la asociación en la carta.

| la diaria

Economía nacional

Un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que en abril, en comparación a marzo, cayeron sustancialmente los ingresos per cápita y por hogares, tanto en Montevideo como en el interior. El informe, basado en la Encuesta Continua de Hogares, expresa que el ingreso medio de los hogares para todo el país en el mes de abril fue de 61.216 pesos, mientras que el ingreso medio per cápita se estimó en 21.728 pesos. El mes anterior el ingreso medio de los hogares había sido de 63.336 pesos (cayó en más de 2.100 pesos), mientras que el ingreso medio per cápita era de 22.484 (cayó en 756).

| La República

Educación y formación

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP aprobó este lunes reemplazar a sus dos representantes en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). En lugar de Marcelo Ubal y Limber Santos, quienes representarán a la ANEP en el Ineed serán Javier Lasida y Guillermo Fossati, según informó a la diaria el presidente del Codicen, Robert Silva.  

| la diaria

Salud

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) manifestó su preocupación por el posible ingreso de más de 100.000 usuarios provenientes del mutualismo al sistema de atención público debido a la emergencia sanitaria. El presidente de la Federación Martín Pereira explicó en radio Uruguay que este dato se suma al decreto del Poder Ejecutivo que solicita bajar el gasto, por lo cual para los trabajadores esto «es una gran preocupación».

| La República