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AEBU obtuvo incremento salarial para sectores no bancarios

Como resultado de las negociaciones de la última ronda de consejos de salarios, los trabajadores no bancarios representados por AEBU obtuvieron nuevos aumentos.

El ministro de Economía Danilo Astori calificó como «un retroceso en términos de opacidad» a algunas disposiciones del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) del futuro gobierno.

El próximo ministro de Trabajo Pablo Mieres anunció que la negociación colectiva se extenderá a los trabajadores públicos y mañana se entrevistará con el presidente del PIT-CNT Fernando Pereira.

Mieres aceptó, en principio, corregir el texto de la LUC para evitar que las disposiciones contra la ocupación de locales de trabajo no se interpreten como dirigidas contra el derecho de huelga.

Amazon y Goldman Sachs pondrán en funcionamiento en marzo una plataforma virtual para destinada a créditos a pequeñas empresas de Estados Unidos.


AEBU

Sectores no bancarios recibieron aumentos

Los subgrupos de sectores no bancarios ajustaron sus remuneraciones a partir del 1 de enero de 2020.
 
De acuerdo con lo convenido en la última ronda de los consejos de salarios, los subgrupos del Grupo 14 de la negociación colectiva –intermediación financiera, seguros y pensiones— recibieron los aumentos obtenidos por AEBU gracias a su organización, lucha y capacidad negociadora.
 
Además de los ajustes nominales, en algunos subgrupos los trabajadores tuvieron incrementos a causa de la aplicación de correctivos por inflación. En otros también se adjudicaron aumentos diferenciales para los salarios sumergidos.

| Portal AEBU

Sistema financiero

Defender la inclusión financiera

Otro de los asuntos que pretende modificar la ley de urgente consideración es algunos aspectos de la normativa de inclusión financiera, impulsada por los gobiernos del Frente Amplio. Al respecto, Astori se manifestó «con mucha preocupación», y que la legislación tiene que promover, entre otras cosas, «la transparencia y el acceso a la población al sistema financiero». «En esta propuesta parecen relajarse todas esas características y bloquea el acceso de los trabajadores de tener una cuenta gratuita en un banco con el fin de disponer de una línea de crédito y cuenta de ahorro. Se bajan notoriamente los requisitos para controlar la transparencia en las operaciones que manejan medios de pago», afirmó. La idea del próximo gobierno, plasmada en el borrador del proyecto de ley, es que se habiliten los pagos de salarios en efectivo, que la forma de pago sea negociada entre empresario y trabajador, que los pagos entre particulares se podrán realizar de la forma que quieran las partes, sin importar el monto de la transacción, y que los pagos de cifras elevadas –ya sea una transacción inmobiliaria o la compra de un vehículo– se puedan pagar en efectivo, entre otras modificaciones. Según Astori, al autorizar el uso de efectivo para la compraventa de un campo –sin límites en el importe–, «Uruguay estaría retrocediendo de una manera muy importante» en términos de opacidad.

| El Observador
Abandonan recurso contra inclusión financiera para dar un «espaldarazo» al gobierno electo

Martín Rodríguez, presidente del Centro Comercial e Industrial de Rocha, explicó a No toquen nada que la decisión de no recolectar más firmas se tomó para darle un espaldarazo al gobierno electo. El artículo 183 titulado «libre elección del medio de pago» establece que «los pagos por todo concepto originados en transacciones entre particulares, podrán efectuarse mediante la modalidad e instrumentos de pago acordados entre las partes».

| Portal 180

Y en el resto del mundo...

España. La situación judicial presiona al presidente de BBVA a acometer un proceso de renovación del consejo de gran calado para evitar cualquier problema de gobierno corporativo derivado del 'caso Villarejo'. Fuentes financieras creen que Carlos Torres aprovechará para realizar una renovación sensible, que afectará a varios de ellos o incluso a más, para intentar blindar al consejo todo lo posible de cualquier viraje que pueda dar el caso judicial.

| Expansión

España. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cifra en 10 millones de euros los pagos que el excomisario de policía encarcelado José Manuel Villarejo habría recibido del BBVA a lo largo de 13 años. En una resolución judicial, el instructor explica que la entidad habría pagado esa cantidad por trabajos privados de espionaje realizados cuando Villarejo todavía era funcionario público.

| La Vanguardia

EE. UU. El grupo bancario Goldman Sachs está cerca de cerrar un acuerdo con Amazon para ofrecer préstamos a pequeñas empresas en Estados Unidos a través de la plataforma de la firma de comercio electrónico, avanzó este lunes el diario Financial Times. Goldman Sachs ha comenzado a desarrollar la tecnología necesaria para poner en marcha esa colaboración, que puede estar disponible a partir de marzo.

| Expansión

Sindicales

La publicación del anteproyecto de la ley de urgencia hizo que el PIT-CNT empezara a mirar al gobierno electo con otros ojos. Las «reuniones positivas» iniciales le dieron paso a la preocupación del gremio respecto a algunos artículos del borrador, en particular el que habla del derecho a la huelga. «Toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa.

| La República

Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, dijo en República Radio que esto significa «violar el derecho de huelga, que el Estado se coloque en juez cuando una huelga es legítima o no. Es absolutamente absurdo para la historia completa del Uruguay. He escuchado a Mieres y a Álvaro Delgado decir que está vinculado a la ocupación de los puestos de trabajo, si está vinculado a la ocupación de los puestos de trabajo que lo escriban de esa manera. Como está escrito, hoy habla de la huelga».

| La República

El futuro ministro de Trabajo respondió a esta postura manifestando en República Radio que «en esto no hay palabras sagradas. Si hay que hacerle ajustes para que quede claro que no se afecta el derecho de huelga, se pueden hacer».

| La República

A diferencia de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, durante la próxima administración habrá negociación colectiva en el sector estatal. Hasta ahora los sindicatos y representantes de las empresas privadas eran los únicos obligados a negociar.  Se trata de un reclamo de los sindicatos del Estado de larga data que el Frente Amplio nunca atendió y que se transformó en una promesa de campaña realizada por el presidente, Luis Lacalle Pou. El dato fue confirmado de manera oficial en la tarde de ayer tras la reunión entre COFE y el futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

| El País

Mieres dijo en rueda de prensa que «la negociación colectiva va a existir en los dos ámbitos», en referencia al sector público y al privado. En tanto, precisó que «obviamente, en el caso del gobierno, va a estar todo eso enmarcado tanto en el sector público como en el sector privado con una coordinación con el equipo económico en lo que tiene que ver con las pautas».

| El País

Las autoridades del Poder Legislativo no se presentaron ayer a una instancia de mediación en el Ministerio de Trabajo, con el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (Sipole), que nuclea a cerca de 70 trabajadores del Parlamento. Fernando Talento, copresidente de Sipole, dijo que las autoridades del Parlamento «se hicieron los que no sabían que tenían que ir» y que «es raro que un gobierno de izquierda no reconozca a un sindicato». Con este panorama, el Ministerio de Trabajo convocó a una nueva reunión para el jueves. El secretario de la Cámara de Senadores, José Pedro Montero, dijo que no les había llegado la citación y por eso no asistieron.

| El País

Economía nacional

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, cuestionó este lunes la regla fiscal que propuso el presidente electo, Luis Lacalle Pou, a través del anteproyecto de ley de urgente consideración que elaboró junto con sus asesores más cercanos. Astori se mostró a favor de que hayan instrumentos que permitan limitar el gasto público, pero señaló no estar de acuerdo con hacerlo mediante una ley porque, a su entender, es una forma «inflexible y rígida» de hacerlo.

| El Observador