El shock

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El shock

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Con una población ocupada en atender sus necesidades excluyentes planteadas por la pandemia, el Gobierno filtra un proyecto inconstitucional que requeriría una conciencia colectiva alerta, hoy impensable.

EDITORIAL

Mientras se dan los primeros pasos para retomar la actividad en los diversos sectores, sin que ello implique la superación de los peligros propios de la evolución de la pandemia, la sociedad uruguaya se enfrenta a una nueva realidad. 

En el libro de la periodista canadiense Naomi Klein La doctrina del shock, se analiza un conjunto de hechos históricos que exhiben algunas de las versiones más descarnadas de las políticas económicas neoliberales. Por ejemplo, la utilización de los impactos psicológicos provocados por desastres o contingencias para que —conmoción y confusión mediante— se concreten reformas impopulares a través de la destrucción violenta del orden económico preexistente. 

Para su aplicación se han recorrido diversas alternativas que fueron desde golpes de Estado hasta guerras, desde tsunamis hasta epidemias. El origen del shock puede cambiar, pero el desenlace se orienta siempre al propósito de justificar los aspectos más regresivos de la pérdida de derechos y condiciones de vida de las grandes mayorías. 

Tanto en el terreno sanitario como en el económico, el shock provocado por el COVID-19 ha generado condiciones excepcionales. Mientras el miedo y la incertidumbre se apoderaban de la población, la alianza de gobierno diseñó una ruta directa para avanzar en su proyecto restaurador de las condiciones más favorables para los sectores históricamente privilegiados. 

A partir de su centralidad en la conducción de la crisis sanitaria, el Gobierno accedió a una posibilidad comunicacional absolutamente extrema, basada en la legitimidad que le otorgaban la incertidumbre reinante en la población y el pánico que nos inundaba desde fuera de fronteras. Se insistió en solicitar la confianza total en el Gobierno y en la persona del presidente para la fase de aislamiento, para luego asociar el asesoramiento científico a la hora de flexibilizarlo. Y también se promovió sin miramientos la ofensiva directa contra aquellos que abrieran espacio a la crítica o la generación de alternativas. 

Desde el primer día se comenzó la implementación de un programa definido con total claridad mucho antes de asumir esta administración, y la pandemia se transformó en el escenario propicio para acelerar sus objetivos ideológicos y programáticos. 

Cuando el shock sanitario se extendió a la economía, se emprendió un proceso recesivo radical. La devaluación del peso frente al dólar inició la transferencia de la renta hacia los sectores exportadores; la inflación logró superar los dos dígitos con depreciación inmediata del salario, y los seguros de paro y el desempleo alcanzaron a cientos de miles de trabajadores. Ante ello, el Gobierno no duda en continuar avanzando con su conjunto de medidas económicas de carácter contractivo, que implican la suba de tarifas, el incremento del IVA y el impuesto a los empleados públicos.  

Al mismo tiempo se establecieron señales ideológicas más claras. Aún resuena la voz presidencial diciendo que «al capital no se lo toca». Esta fue su mayor apuesta destinada a descargar todo el peso de la crisis sobre la población, para de esta forma reconstruir la economía sobre la base de un decidido avance concentrador de la riqueza. 

El cumplimiento de los anuncios de compromiso y las señales de preocupación por los sectores vulnerables —que serían asistidos con canastas de alimentos equivalentes a la décima parte del salario mínimo nacional— se demora o directamente no se efectiviza. Lejos de asistir a las pequeñas y microempresas, se las empuja a situaciones insostenibles en un marco de formalidad que, sumado a la crisis del mercado interno, las lleva masivamente al cierre. En cambio, sí se cumple con la reducción de gastos del Estado y el mantenimiento de las metas de abatimiento del déficit fiscal que nos muestran un horizonte de ajuste sin precedentes. 

El shock en la sociedad y la cohesión en la coalición de Gobierno permiten acelerar los procesos. En ese marco se explica el envío al Parlamento del proyecto de ley de urgente consideración (LUC). Estamos ante una norma con más artículos incluso que los planteados en su anteproyecto, que desmantela o modifica más de 60 leyes existentes con su contenido liberalizante, desmonopolizador y privatizador. Impregnada de un profundo concepto represivo, concentrador y centralista en manos del Poder Ejecutivo, la LUC propicia reformas estructurales destinadas a afectar decisivamente las políticas públicas y la seguridad social. El proyecto de ley violenta la Constitución en su espíritu, pero fundamentalmente debilita la democracia en su expresión parlamentaria y social. 

 Pero el programa del Gobierno tiene más objetivos y sabe que las oportunidades no se dejan pasar. Por ello la ofensiva para devolver espacios perdidos a los sectores más poderosos no admite la menor demora. Así se explican la urgencia de modificar la llamada Ley de Medios, o la decisión de exonerar al sector empresarial de contribuir a financiar la crisis. Y con el mismo impulso se lanza una ofensiva cultural dirigida a debilitar la agenda de derechos desarrollada en los últimos años; se habilitan cuestionamientos a la búsqueda de verdad y justicia por las violaciones de derechos humanos en la dictadura y se dan señales de reinstalar el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. 

Es que una sociedad en estado de shock ofrece un contexto propicio para la restricción de derechos, para la legitimación de la autoridad más allá de lo democráticamente aceptable y para una convalidación del deterioro de las condiciones de vida. 

Frente a esta coyuntura, el desafío para el movimiento popular en general y sus organizaciones es inmenso. Porque a las exigencias del distanciamiento social se le ha sumado la impostergable necesidad de organizar la solidaridad más directa y efectiva, a partir de la una verdadera red de atención a la urgencia alimentaria de miles de uruguayos. Pero eso ya no alcanza. Lo urgente no puede ocultar lo imprescindible y a la solidaridad habrá que sumarle debate estratégico y movilización. 

Seguramente, como individuos deberemos aprender a retomar la vida con las precauciones necesarias, para defendernos de un enemigo invisible hasta que la ciencia ofrezca una alternativa. En tanto como sociedad deberemos asumir el compromiso de defendernos del deterioro de nuestras condiciones de vida y de las restricciones a nuestros derechos y libertades. Contra ese enemigo, visible e identificable, deberemos desplegar mucho más un accionar colectivo, participativo y solidario.