El capital no se toca

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El capital no se toca

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Las demandas sociales y políticas obligaron al gobierno a dar una respuesta y esta no fue la que el país merece: la riqueza continuará sin ser gravada.

EDITORIAL

Las conferencias de prensa del gobierno se han caracterizado por manejar con cuidado la incertidumbre. En ellas se plantean posibles iniciativas, temas a evaluar en función de la evolución de los hechos y medidas que luego de manejarse informalmente se concretan en decisiones.

Pero pocas fueron expresadas con tanta claridad y determinación como el mensaje de tranquilidad de que el capital no se toca, dado en la conferencia del miércoles 8 de abril. Con aire de comentario realizado en el ascensor, el presidente Lacalle Pou afirmó: «Casualmente hablamos con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie y con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en estos días sobre gravar el capital. En mi opinión, es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis, por eso no lo vamos a hacer». 

Sin duda no existió una igual visión a la hora de amputar el mercado interno, cuando se decidió facilitar la devaluación de la moneda, incrementar las tarifas, liberar al mercado el aumento de los precios. Tampoco se pudo apreciar la misma sensibilidad para proteger a la mayor fuerza constructora del país como son los trabajadores, los cuentapropistas y pequeños empresarios quienes, exclusivamente dependientes del ingreso, afrontan la mayor crisis de empleo de la historia. 

Se prefiere cuidar sin tocarlos —más allá de la terminología médica imperante— a los empresarios, quienes han enviado a decenas de miles de trabajadores al seguro de desempleo anteponiendo sus intereses sobre los del país. Estamos ante un proceder que solo se ha visto limitado por las pocas acciones que las organizaciones sindicales han podido desarrollar en función de las difíciles condiciones existentes. Hablamos de  sectores empresariales que hoy deberían ser puestos bajo un microscopio, para ver los evidentes abusos en que han incurrido.

La afirmación de que gravar al capital implica limitar a los sectores que ayudarán a salir de la crisis es una falacia. En primer lugar porque el capital productivo no está en condiciones similares en todos sus sectores. Por lo tanto contribuir a paliar una urgencia colectiva en función de su realidad no es una limitación sino una responsabilidad. Mientras gran parte de la industria enfrenta un fuerte proceso recesivo, con un particular daño en la dirigida a la atención del mercado interno, contamos con importantes sectores en excelentes condiciones como el de la generación de energía eléctrica, el de los insumos médicos o el agroexportador. Este último sin pausa en su actividad, con buenas condiciones de mercado, sin caída de precios, con el nuevo  beneficio de la devaluación y la continuidad de la  protección impositiva.  

En segundo lugar, porque no todo el capital es productivo y forma parte de la fuerza motora capaz de recuperar empleo y producción. El capital financiero en general mantiene toda su rentabilidad a pesar de la crisis, e incluso una buena parte se beneficia del incremento del dólar por encima de la inflación. Tanto el capital de renta fija como los alquileres o inversiones en medios de producción no han visto afectados sus ingresos. Y también es un capital no productivo, susceptible de ser gravado, el patrimonio de importantes grupos económicos que han acumulado en forma constante durante los tiempos de bonanza económica. 

Sin lugar a dudas, el anuncio del presidente no es resultado de un análisis profundo sobre posibilidades sino un concepto sobre el cual pudieron acordar casi «casualmente». Está en el ADN del gobierno la descarga de todo el peso de la crisis sobre la población, mientras se cuida intensamente la salud de quienes están llamados ideológicamente a ser la fuerza motora de la recuperación. Estos, como en todos los períodos post crisis, harán su gran negocio a partir de aprovechar las oportunidades y las condiciones de negociación impuestas por la devastación. 

Si alguien consideraba que el gobierno no estaba haciendo política, esta última conferencia de prensa ha dejado el mensaje inequívoco de que, frente a la crisis, el impulso a su programa ideológico está más vigente que nunca; un programa que vuelve a encaminar su proyecto de ley de urgente consideración. Con él se pone al frente del diseño de la salida de la crisis a quien anunciara, en plena campaña electoral, la necesidad de no aumentar el gasto del Estado y «mantener constantes» los salarios y pasividades por dos o tres años, como forma de equilibrar el déficit fiscal.

Cuando una crisis impacta sobre la sociedad, el gobierno tiene la responsabilidad de acolchonar los impactos sobre los más débiles, brindar las herramientas para preservar la calidad de vida de su pueblo y distribuir equitativamente la carga del esfuerzo colectivo. Sin embargo el gobierno eligió proteger al capital. En este marco, la capacidad de reflexión, de debate y comunicación que alcancen el movimiento sindical y las organizaciones sociales resulta fundamental. Se trata de un enorme desafío para un movimiento social hoy concentrado en organizar la solidaridad y movilizado en defensa de los trabajadores, al tiempo que levanta propuestas dirigidas a atender a los sectores más vulnerables frente a la crisis. Un movimiento sindical que se reafirma en sus principios históricos y deberá profundizar su acción para construir desde el hoy el día después.