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Hora de rebajas

Dom 25/12/2016 - 21:43 por Editores

Ernesto Palomeque | Foto: Ricardo Antúnez / adhocFotos (archivo, mayo de 2016)
Ernesto Palomeque | Foto: Ricardo Antúnez / adhocFotos (archivo, mayo de 2016)

PORTAL AEBU —Los aranceles de las tarjetas de débito son elevados en Uruguay, comparativamente hablando, con los países de la región. ¿Cómo estamos con respecto a Chile?  

ERNESTO PALOMEQUE —En la región estamos no solo por encima del promedio sino también por encima de todos, tanto por encima de Chile y de Brasil como de Argentina, como de Perú. Esta es la información de que disponemos, al contrario de lo que se había dicho en algún ámbito de que Uruguay no estaba mal posicionado en materia de aranceles. Por eso es que nos preocupamos por obtener la información y ahí nos encontramos —sorpresivamente— con que no solo no estamos bien como nos decían (bien significaba aranceles bajos), sino que  estamos en los niveles más altos, tanto en tarjetas de débito como en tarjetas de crédito.

La comparación — se nos decía a nivel del Poder Ejecutivo—  no era fácil, pero no es tan difícil obtener la información  y eso nos allana el camino para seguir insistiendo en que hay margen para rebajar los aranceles. Sobre todo porque el volumen de ventas con tarjetas de débito sigue creciendo. Sigue creciendo lo que perciben los bancos y eso permite que exista un margen para continuar reduciendo el arancel.

PA —El arancel de la tarjeta ¿no viene a ser un precio que también, como otros,  debe ser controlado por el Ministerio de Economía para atenuar la inflación? Ello en la medida en que cada vez un mayor número de productos se transan a través de las tarjetas y el arancel —que es una parte del precio— termina aumentando la inflación.

EP —De acuerdo. Tiene ese efecto. Cuando se promulgó la Ley de Inclusión Financiera no se hablaba casi nada del tema aranceles como una cosa nueva, porque iban a empezar a desarrollarse las tarjetas de débito. Si bien existían, estaban muy poco extendidas.

Lo cierto es que los comercios incrementan sus precios o reducen sus ganancias en función de que empiezan a vender con tarjetas de débito y es cierto, estas influyen en los precios. Aquellos comercios que pudieron aumentar el precio de lo que vendían, como un par de zapatos, fueron inflacionarios. En otros productos quizá no pudieron cargar el arancel al precio de lo que venden. Por ejemplo en los pasajes de ómnibus interdepartamentales. Por lo tanto esas empresas sufrieron en su ecuación económica; se les redujo su ganancia. Algunas lo resisten y otras no sabemos.

PA —¿Esta situación no favorece a aquellos que tienen más poder de mercado y perjudica a los comerciantes más chicos?   

EP —Sí; se puede decir eso. Básicamente, es más fácil trabajar con tarjetas de débito para aquellas empresas que poseen márgenes de ganancia superiores, porque tienen espacio para no afectar el precio de venta al cliente y poder  incluir el nuevo instrumento tarjeta de débito como una herramienta para que el cliente utilice. Entonces, los grandes se favorecen; de alguna forma les resulta más fácil adaptarse.

PA —¿Dónde resultan más problemáticos los aranceles para los comerciantes, en las tarjetas de crédito o en las de débito?

EP —A nuestro juicio en las de débito porque en las tarjetas de crédito en el debate de la ley [de Inclusión Financiera] se logró reducir sus aranceles. Los aranceles de las tarjetas de crédito, hasta la promulgación de la ley —hace dos años y pico— en algunos casos llegaban a un 9 %. Ese arancel se negocia y se acuerda bilateralmente entre las tarjetas y los comercios. No hay una negociación global, por ejemplo con la cámara de determinada área comercial; negocian individualmente. Entonces la negociación es desbalanceada, desequilibrada. El debate de la ley permitió que los aranceles no puedan superar cierto límite. En los hechos, aquellos aranceles de 8 o 9 % ya no existen —hoy el máximo es bastante inferior—, pero el arancel en la tarjeta de débito, por ser un elemento nuevo, empieza a jugar en el negocio propiamente por lo que decíamos anteriormente: o es una rebaja de ganancias para el comerciante o tiene un efecto inflacionario en el precio del producto para el cliente.

PA —¿Todos los comerciantes pagan iguales aranceles?

EP —Hay dos niveles de aranceles en las tarjetas de débito. El arancel general de las tarjetas de débito comenzó en 2,5 %, se vino reduciendo y hoy está en 2,2 %. Y para las pequeñas empresas se sitúa en 2 %.

PA —¿Qué impacto produce en los comerciantes el uso de la tarjeta de débito en los pagos que antes se hacían en efectivo o con cheques?

EP —Hay un elemento de seguridad a destacar, porque va desapareciendo paulatinamente el efectivo y al comerciante le conviene manejar menos dinero en efectivo por el riesgo de los robos. La tarjeta de débito también sustituye en parte a los cheques —los números de procesamiento de cheques en la cámara procesadora siguen en una tendencia a la baja— y claramente el cheque es un instrumento que tiende a desaparecer mucho más rápido que el efectivo.

Por más que se diga que en el mundo, sobre todo en algunos países de Europa, está muy acelerado el proceso de desaparición del efectivo, sin duda es algo a muy largo plazo. La desaparición del cheque no es algo que se haga por ley. En los hechos va desapareciendo. Y más aún con un elemento que se anunció en estos días y que también fue producto del intercambio del sindicato con el Ministerio de Economía, que es la creación de las transferencias electrónicas diferidas, a futuro. Hace pocos días el Banco República anunció que va a comenzar a trabajar con las transferencias a futuro o diferidas. En nuestro ámbito de diálogo con el Ministerio de Economía encontramos  que la desaparición del cheque no tenía grandes inconvenientes cuando hablamos del cheque común, porque fácilmente se sustituye por una tarjeta de débito; la desaparición del cheque diferido sí tiene un efecto porque en gran parte del empresariado este cheque tiene un valor de comercialización, porque se puede descontar en las instituciones financieras.

Entonces, la ausencia del cheque diferido les podía estar generando problemas financieros. En una de nuestras reuniones con el Ministerio de Economía, hará unos tres meses, logramos hacerles ver que era necesario analizar la posibilidad de crear una nueva figura en las transferencias para hacerlas a futuro, tomando como base algo que existe hace muchísimos años que es la compra de divisas a futuro. Se acuerda un precio futuro y eso al exportador o importador le da seguridad en cuanto a la cotización de la moneda. Es como un seguro de cambio.  

En este caso, el mecanismo desde el punto de vista de las instituciones financieras era similar y se comenzaron a hacer las consultas a nivel de la normativa del Banco Central, sabemos que también este banco estuvo trabajando al respecto, y empieza a concretarse esa posibilidad de que se puedan hacer transferencias a futuro con el mismo efecto que los cheques diferidos y que se puedan descontar. Esto nos muestra que este proceso de inclusión financiera mediante la  implementación de la ley es dinámico. Y su dinamismo tiene que tener un ritmo que nos permita  ir generando los cambios y las modificaciones en ese camino, si el ritmo no es muy acelerado. Si lo es puede generar perjuicios, como por ejemplo hubiera sido que prácticamente desapareciera el cheque diferido y no existiera nada alternativo para remplazarlo.  

PA —Cuando se dictó la Ley de Inclusión Financiera, el porcentaje de operaciones que se realizaba con tarjetas de débito era del 3 % y ahora andamos por el 20 % …

EP —Entre el 20 y el 30 %, según las actividades.

PA —Entonces, estos porcentajes representan dinero que ahora está arancelado por el uso de las tarjetas y antes no lo estaba porque el comerciante lo recibía en efectivo.

EP —Efectivamente. Si el comerciante hace una venta arancelada, como tú dices, esto significa que el precio final es menor si no ajustó el precio de venta anteriormente, si es que tiene la capacidad de hacerlo por su margen de ganancia. Si no lo ajustó percibe menos. Esta es una cosa que algunas empresas lo resistirán y otras no, como lo están planteando los transportistas de pasajeros y habría que ver si es así o no.

El sindicato de los trabajadores del transporte comparte que la ecuación de esas empresas es ajustada y dos por tres estas tienen problemas.

Pero el otro camino que toman los comerciantes es cargar el arancel al precio, aumentar el precio, y eso tiene un aspecto inflacionario. Es algo que está permitido porque los precios no tarifados se pueden aumentar.  

PA —Pero no pueden decir que un producto pagado en efectivo vale 20 y con tarjeta de débito vale más.

EP —No pueden decirlo, pero sí pueden aumentar todos los precios y esa acción es inflacionaria porque el producto vale más, tanto para el que compra con tarjeta como para el que lo hace con efectivo. Por lo tanto, en algunos casos en los que el comerciante sigue vendiendo al contado, termina vendiendo su artículo más caro que antes.

Esto muestra que las cosas de la inclusión financiera se tienen que ir midiendo y tienen que ver con el ritmo  de este proceso.  

PA —¿Hay lugar para la competencia en la fijación de los aranceles de las tarjetas  de débito?¿Por qué todas las tarjetas cobran los mismo?

EP —La ley no les permite a los bancos individualmente, en los casos de tarjetas de débito, acordar un arancel distinto para un cliente o para otro. La ley faculta al Poder Ejecutivo a manejar los niveles de estos aranceles, cosa que nosotros compartimos.

PA —Al hacer la pregunta no pensamos en un acuerdo individual de un emisor de tarjetas con un cliente determinado: pensamos en que el Banco República, por ejemplo, pueda hacer una rebaja para todos sus clientes como pasa con República AFAP, que reduce las comisiones para todos sus clientes.

EP —Ese es el régimen que imperó hasta la ley de inclusión financiera en las tarjetas de crédito. ¿Y qué resultado tenía? En realidad no bajaban los aranceles. Estos dependían de los clientes: a algunos los castigaban y a otros no. Por eso nosotros coincidimos en que esta facultad debe pertenecerle al Estado, en el entendido de que este debe preocuparse por los intereses de todos.

PA —El conflicto de los comerciantes con los emisores y administradores de tarjetas es un ejemplo del avance de las nuevas tecnologías cuya introducción AEBU sostiene que debe ser gradual. ¿Puede peligrar el empleo en algunos sectores?

EP —Sin duda que sí que peligra. El avance muy acelerado de las tecnologías en el mundo del trabajo —no lo decimos solo nosotros sino que lo dice todo el mundo— es un tema que nos preocupa como sindicato. Y gente claramente no identificada con los intereses de los trabajadores también afirma que un proceso muy violento de la implementación de nuevas tecnologías va a tener efecto en el empleo. Hay quien dice que en 2030 se habrá perdido el 50 % de los empleos en el mundo.

Creo que los gobernantes y la política tienen la obligación de  discutir estas cuestiones. Los ámbitos de negociación colectiva no deber ser solamente para fijar salarios para los trabajadores que están activos, sino para ocuparnos también por los que están en riesgo de perderlo o de los que ya lo perdieron, como nos pasó en 2002. Eso debe analizarse en los ámbitos de negociación colectiva y es un debe del movimiento sindical uruguayo. No hablemos de movimientos sindicales de otros países del mundo, pero ese es un debe nuestro: discutir cómo procesamos esto. Algunos dicen: ‘podrá ser mediante la reducción de la jornada’. Y quizá sí. Tal vez haya otras ideas, otras formas. E insistimos mucho en los ritmos, porque eso es algo fundamental. Ir a un supermercado y encontrarnos que hay cajas que ya no tienen seres humanos, donde uno pasa los artículos que compró por la caja, luego pasa la tarjeta y no hay un ser humano, eso requiere por lo menos un instante de reflexión. ¿Cómo hacemos, cómo procesamos ese cambio? Y sobre todo, no debemos creer que estamos en el primer mundo. El primer mundo podrá tener cajas de supermercados sin seres humanos o podrá tener mangueras en las estaciones de servicio sin pisteros, pero en los países en desarrollo no nos podemos dar ese lujo. Tenemos que discutir cómo procesamos esos cambios. Si no, seguiremos teniendo miles y miles de personas con condiciones de vida muy embromadas.

PA —En Argentina acaba de aprobarse una rebaja de los aranceles. Esta decisión de un país vecino ¿puede ayudar a las gestiones que está haciendo AEBU ante el Ministerio de Economía? ¿No está creada una situación propicia para que también acá este tema sea analizado ahora?

EP —Sin duda, es algo que ayuda. Imaginemos que fuera al revés, que tuviéramos los aranceles más bajos de la región. Sería más difícil que los rebajaran acá. Esa decisión argentina es un argumento más para sostener que la economía de escala permite aranceles más bajos.

 

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