ACTUALIZADO | 17/10/2018 - 12:54

Inclusión financiera roza el núcleo duro de la riqueza

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Inclusión financiera roza el núcleo duro de la riqueza

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Las primeras etapas de la aplicación de la Ley de Inclusión Financiera se cumplieron sin mayores problemas. Pero, a la hora de bancarizar las grandes transacciones, se ha formado un frente empresarial con algo en común: su oposición al contralor público.

Sobre esta oposición a la Ley de Inclusión Financiera opinó el consejero Ernesto Palomeque en entrevista con Portal AEBU, tras la movilización encabezada por la Asociación de Escribanos en la Plaza Independencia y respaldada por siete gremiales y asociaciones empresariales, además del movimiento Un Solo Uruguay.

Palomeque sostuvo que el lunes pasado fue la última de «una sucesión de manifestaciones de distintas organizaciones gremiales o asociaciones», que una y otra vez «están planteando legítimamente algunas diferencias con los contenidos de la Ley de Inclusión Financiera». Estas objeciones se extienden «al proceso de inclusión financiera y sus reglamentaciones», dijo.

Como antecedentes citó «los reclamos de los propietarios de estaciones de servicio, de alguna de las gremiales del turismo de la zona este, y también manifestaciones que se generaron a partir de los anuncios de cierres parciales del BROU». La sumatoria de gestos de este tipo es, a su entender, «un caldo para que se manifestara un rechazo a la Ley de Inclusión Financiera» 

Rasca un poco y encontrarás    

El consejero profundizó en esta serie de protestas y señaló: «Cuando se rasca, en los distintos casos lo que hay es una dura posición de ‘no me cambies nada’, sin valorar algunos aspectos muy positivos de este proceso de inclusión financiera que —reitero una vez más— es perfectible y tiene que serlo, porque es mejorable y en los hechos así lo ha sido desde su comienzo». 

Y luego de 'rascar' sobre esos planteos «lo que termina quedando es un rechazo a que se controle, a los controles. Y nosotros, como sindicato, siempre hemos sido pioneros en el reclamo de mayores controles en el sistema financiero y en la sociedad en general, desde hace décadas. Como trabajadores hemos sido absolutamente cristalinos en cuanto a los salarios, a los beneficios y a nuestros aportes al sistema de seguridad social. Por lo tanto, en el fondo, lo que vemos es una intención de continuar con un sistema que en lo económico y lo tributario y en materia de controles favorece lo que hoy se denomina opacidad, que no se conozca la identidad de las empresas ni de las personas», agregó. Y pasó a dar un ejemplo: «Cuando en el Parlamento se consideró y finalmente se votó una ley antilavado y de transparencia, hubo varios integrantes de la oposición; para nombrar a uno, el senador Lacalle Pou no la votó». 

Tras citar ese antecedente, consideró que «esos actos están demostrando que lo que hay es una intención de que no se transparente la actividad de las personas». Inmediatamente citó las consecuencias de esa opacidad: «Por citar un caso bien reciente, si lo que se pretende es que se sigan realizando transacciones de inmuebles o vehículos libremente en efectivo, evitando los controles que están fijados por la ley y las reglamentaciones de la inclusión financiera, seguirán existiendo los Balcedo». 

El dirigente abundó en estos conceptos y refirió que la investigación judicial sobre Balcedo demostró «que todas sus transacciones de bienes inmuebles y vehículos se realizaban en efectivo». Por esta razón, «sus acciones en nuestro territorio demoraron mucho en ser descubiertas». Por lo tanto «vamos a estar siempre a favor de los controles que desde el Estado —ya sean la DGI, el Banco Central o el Ministerio de Trabajo— se realicen sobre personas y empresas para defender los derechos de toda la sociedad».

Se enreda la madeja

De regreso a la concentración del lunes 19 en Plaza Independencia expuso que «voceros de este movimiento se refieren a adquisiciones de bienes anteriores a la puesta en marcha de este capítulo de la Ley de Inclusión Financiera. Entiendo que los hacen enredando un poco la madeja, cuando no hay duda de que estas disposiciones no son nunca retroactivas, sino que son de aplicación futura». 

Para Palomeque, «siempre hay un comienzo para todo, como lo ha habido en este proceso de inclusión financiera», más allá de las prórrogas que puedan solicitarse. Y luego mencionó el corrimiento de las fechas para incluir a los trabajadores rurales y domésticos: «Al visualizar que había dificultades y en atención al planteo de las gremiales de estos trabajadores, el plazo se fue prorrogando, pero esas son cuestiones puntuales. No podemos estar eternamente anclados en el pasado y manejándonos con regímenes que podrán beneficiar a algunas personas individualmente consideradas, pero no al conjunto de la sociedad», enfatizó.

Viveza criolla acorralada

Para el dirigente nos enfrentamos a una actitud enraizada en determinados sectores sociales y económicos: «Cuando comenzó el debate de la inclusión financiera, cuando aún la ley estaba en discusión en el Parlamento, recuerdo reuniones abiertas en el interior del país con compañeros del gremio y gente del lugar. Allí  algunas personas expresaban sin ningún prurito ‘acá lo único que se busca es que paguemos los impuestos’. Y esto de ahora se parece bastante. Entonces lo que están revelando es que tienen derecho a evadir los impuestos, una especie de justificación o validación de la viveza criolla. Creo que eso viene de muy atrás. Y esto es parecido a lo que se afirmó el lunes 19». En este punto comentó una frase registrada por la prensa ese día en Plaza Independencia: «¿Por qué nos controlan a todos cuando hay solo un 1 % de evasores?» A esta pregunta de un dirigente del movimiento Un Solo Uruguay, Palomeque respondió que «para llegar a ese 1 % es necesario tener un control de todos». Como quien dice, al dirigente rural lo traicionó su pensamiento.

Luego Palomeque marcó una diferencia: «A nosotros no nos preocupa para nada que nos controlen como trabajadores en nuestros ingresos, en nuestros aportes, en el pago de nuestros impuestos. Por lo tanto no entendemos cuando hay planteos de personas que se molestan por eso. Aquí hay una resistencia al control y al cambio. Y un conjunto de personas que embanderan sus casas y vehículos con la enseña uruguaya, parece que creen que son los únicos que defienden al Uruguay. Aunque lo nieguen, o algunos quizá no tengan la intención, sin duda se está gestando un movimiento político que no será partidario, o se convertirá en partidario en los próximos meses —eso lo dirá el futuro—,  pero sin duda hay una sumatoria de organizaciones, algunas ya existentes y movimientos que se crean, para tratar de combatir al gobierno. Eso no tiene otra interpretación: estamos ante una pugna política». 

El consejero estimó legítima la pugna política y se manifestó sorprendido porque no se la admita. «Porque la política para nosotros, trabajadores, no es una mala palabra. Es un instrumento que se dan las sociedades  democráticas por las cuales hemos luchado mucho  para poder vivir en convivencia. Que lo nieguen significa una pugna política con el partido que hoy está en el gobierno y parece una cosa bastante infantil. Es preferible que lo admitan y después cada uno verá lo que hace  cuando haya que decidir el futuro democrático del país», consideró. 

El tono de los discursos y la calidad de los apoyos recogidos por la Asociación de Escribanos en sus planteos mostraron un nuevo escalón de rechazo a la Ley de Inclusión Financiera. Así lo advirtió Palomeque: «Aquí se está pegando en el corazón de sectores entre los que se da muchas veces un manejo oculto de fondos. Y no es necesario que uno lo diga; en muchos casos se han descubierto actividades delictivas basadas en la posibilidad de manejarse como antes: con efectivo y sin controles. Por lo tanto preferimos, no solo porque planteamos controles hace décadas sino porque queremos que se realicen, que se mejore la transparencia y que se combata el lavado de activos. Hay algo más que no debemos dejar afuera: en el lavado circulan flujos económicos provenientes del tráfico de drogas, otro enemigo de nuestra sociedad que, entre otras cosas, alimenta la delincuencia y tiene que ver muchísimo con la seguridad o inseguridad de la población y aumenta la violencia en la sociedad».